La posibilidad de transformar el transporte público en un servicio gratuito no es un concepto nuevo en Brasil, aunque su implementación actual está cobrando una relevancia sin precedentes. Ya existen más de 170 ciudades en el país que han implantado la denominada "Tarifa Zero". Si bien la mayoría de estas localidades son municipios pequeños, en conjunto representan una población equivalente a la de la ciudad de Río de Janeiro. Asimismo, nueve capitales brasileñas ya han puesto en marcha algún tipo de gratuidad parcial, sumándose a los beneficios ya existentes para estudiantes y personas mayores.
Para comprender el origen de este debate, es necesario retroceder hasta 1991, cuando la ciudad de São Paulo estuvo a punto de convertirse en la pionera de este sistema en Brasil. En aquel entonces, el transporte público se caracterizaba por ser caótico e irregular, con autobuses obsoletos, vehículos clandestinos y filas interminables. Bajo la gestión de la entonces prefeita Luiza Erundina, se reorganizaron las líneas y se modificaron los contratos de concesión. Fue en este contexto donde el secretario de Transportes, Lucio Gregori, y su equipo propusieron la Tarifa Zero, una idea que no se había discutido previamente en el país.
El plan para financiar esta medida consistía en la implementación de un aumento progresivo del IPTU (Impuesto Predial y Territorial Urbano). Sin embargo, a pesar de contar con un amplio apoyo popular, el proyecto carecía de respaldo político y nunca llegó a ser votado en la Cámara de Vereadores. Según se relata en el libro "Tarifa Zero, a cidade sem catracas", la propuesta resultó demasiado innovadora para la época. No obstante, treinta y cinco años después, el escenario ha evolucionado y la idea ya no genera el asombro de antaño.
En la actualidad, diversas ciudades han experimentado con modelos de gratuidad. São Paulo ha implementado la tarifa cero los domingos, mientras que Belo Horizonte ha desarrollado un programa de gratuidad específicamente para las líneas que circulan por las favelas. La relevancia del tema es tal que el derecho al transporte fue incluido en la Constitución en 2015 y es un punto de debate recurrente en el gobierno federal.
La implementación de estas medidas ha revelado una demanda reprimida considerable. Algunas ciudades han registrado incrementos de hasta tres veces en el número de pasajeros. En São Caetano do Sul, el éxito fue tan masivo que la alcaldía decidió restringir el beneficio exclusivamente a los residentes de la ciudad. Por su parte, São Paulo observó un incremento del 30% en el número de usuarios durante los domingos. Este fenómeno sugiere una realidad social compleja: muchas personas, especialmente en las zonas periféricas, dejan de realizar actividades esenciales simplemente por no contar con el dinero necesario para el transporte.
A pesar de los beneficios, el financiamiento sigue siendo el principal obstáculo. Existe una diferencia marcada entre ciudades como Maricá, que puede ofrecer transporte gratuito gracias a los royalties del petróleo, y la mayoría de los municipios brasileños que enfrentan dificultades presupuestarias. En las metrópolis, la situación es más compleja debido a la interconexión entre municipios, la desintegración tarifaria y la inclusión del sistema de metro.
Para resolver esto, existen estudios que proponen modelos de financiamiento mixto, utilizando el vale-transporte y fondos federales. Se menciona el ejemplo de París, donde el costo se divide entre las empresas, el gobierno y el usuario.
Más allá de la movilidad, la Tarifa Zero ha generado beneficios indirectos cuantificables. Un estudio de la NTU (Asociación Nacional de Empresas de Transportes Urbanos) reveló que en Caucaia, Ceará, el faturamento del comercio local aumentó un 25%. En Paranaguá, Paraná, los accidentes de tráfico disminuyeron en un 40%, y en São Caetano do Sul se comprobó una reducción en la cancelación de consultas en el sistema de salud pública (SUS).
Finalmente, es importante señalar que muchas administraciones ya otorgan subsidios indirectos. En São Paulo, desde las protestas de junio de 2013, el aumento de tarifas se ha vuelto un tema políticamente sensible. Para evitar conflictos, la prefeitura ha incrementado los subsidios pagados directamente a las empresas de autobuses, alcanzando hoy una cifra cercana a los 6.000 millones de reales anuales. Ante el aumento del uso de motocicletas y automóviles, se plantea la urgencia de renovar los contratos y mejorar la calidad del servicio para garantizar que el transporte público sea una herramienta real de acceso a la ciudad para quienes más lo necesitan.
