El Ministerio Público de Argentina ha emitido una grave advertencia al Senado de Chile, revelando una preocupante estrategia implementada por organizaciones criminales que operan en el territorio trasandino. Según la información entregada por las autoridades argentinas, estas estructuras delictivas estarían adquiriendo predios y estancias en la zona de la Patagonia con el objetivo estratégico de controlar pasos no habilitados que conducen directamente hacia territorio chileno.
Esta revelación se produjo en el marco de una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, llevada a cabo en la región de Magallanes. Durante este encuentro, el ente persecutor argentino expuso que la compra de tierras limítrofes no responde a intereses agrícolas o ganaderos, sino que busca garantizar la tenencia de rutas clandestinas para facilitar el traslado de mercancías ilegales y la comisión de diversos delitos transfronterizos.
El fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, fue quien detalló la modalidad operativa de estas bandas. Zárate explicó que las organizaciones criminales adquieren estancias argentinas específicamente para asegurar el control del acceso al lado chileno. El fiscal destacó que la detección de estas rutas alternativas no habría sido posible sin la cooperación técnica y operativa entre ambos países, subrayando especialmente el rol fundamental de los drones chilenos en el monitoreo del terreno. Gracias a este apoyo tecnológico, las autoridades pudieron verificar los puntos exactos por donde se realizaban los cruces ilegales.
En cuanto a la naturaleza de las actividades delictivas, se informó que estas organizaciones utilizan los pasos no habilitados para el traslado de diversas mercancías prohibidas. Entre los ejemplos más destacados se encuentra el contrabando de paquetes de cigarrillos, pero la alerta es mucho más profunda, ya que se ha detectado que estas rutas también son utilizadas para la trata de personas, lo que eleva la gravedad de la situación y la urgencia de coordinar medidas de seguridad más estrictas en la zona austral.
Por su parte, el Gobierno del presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Seguridad, ha respondido a estas advertencias. Desde la cartera de Seguridad señalaron que, hasta el momento, no se ha registrado una alerta de este tipo emanada directamente desde las fronteras chilenas. No obstante, el Gobierno aseguró que ya se están implementando medidas de reforzamiento y monitoreo constante en los pasos habilitados de la zona para prevenir cualquier incursión criminal.
En relación con la operatividad local, el seremi de Seguridad, Francisco Muñoz, precisó que existen comunas que presentan una mayor vulnerabilidad respecto al control de estos pasos. Específicamente, señaló a Palena y Cochamó como los puntos críticos. Respecto a la comuna de Palena, Muñoz informó que se están ejecutando obras de mejora en los pasos fronterizos para dificultar el acceso ilegal. Sin embargo, reconoció que el desafío más complejo en la actualidad se concentra en Cochamó, donde la vigilancia debe ser intensificada.
Desde la perspectiva administrativa y legal, el seremi de Bienes Nacionales, Nicolás Yunge, abordó la problemática de la adquisición de tierras. Yunge fue enfático al señalar que el Estado no posee mecanismos administrativos que permitan fiscalizar la compra y venta de predios realizados entre privados. Esta laguna administrativa hace que sea extremadamente complejo abordar la alerta de manera preventiva, ya que el Gobierno no puede intervenir en transacciones legales de propiedad privada a menos que exista una irregularidad manifiesta.
Finalmente, el seremi de Bienes Nacionales aclaró que, debido a estas limitaciones, en caso de que se constate que un predio está siendo utilizado para actividades ilícitas o que su adquisición esté vinculada a un delito, el caso debe ser derivado inmediatamente a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones penales correspondientes y se tomen las medidas judiciales pertinentes.
