El proceso judicial conocido como el "Caso Goleada", que investiga presuntas actividades de lavado de activos vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha experimentado un giro procesal significativo con el nombramiento de una nueva autoridad judicial. La jueza Karol Gissela Zambrano asumió oficialmente la dirección de la causa el pasado 2 de septiembre de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de este complejo expediente legal.
La designación de Zambrano se produce en un contexto de inestabilidad en la conducción del caso. Previamente, el proceso estuvo bajo la responsabilidad del juez Jairo García, quien fue suspendido de sus funciones, lo que obligó a que el expediente fuera asumido de manera temporal por Sebastián Cornejo. Tras estos movimientos administrativos y judiciales, la magistrada Zambrano ha quedado al frente del despacho que anteriormente pertenecía a García, formalizando su conocimiento de la causa mediante una providencia emitida el 2 de septiembre.
Uno de los primeros actos procesales de la nueva jueza ha sido la ampliación de la nulidad de diversas diligencias previas. Zambrano extendió la nulidad que ya había sido declarada por el juez Cornejo respecto a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta decisión legal alcanza específicamente las jornadas llevadas a cabo los días 18 y 19 de agosto. Estas fechas se suman a una serie de diligencias ya anuladas anteriormente por Cornejo, las cuales tuvieron lugar los días 3, 5, 11 y 15 de agosto. Como consecuencia directa de estas nulidades, la audiencia preparatoria debe ser instalada nuevamente desde cero.
Ante este escenario, la jueza Zambrano ha establecido un nuevo calendario procesal. La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se llevará a cabo desde el 8 hasta el 13 de septiembre. Para garantizar la transparencia y la participación de todas las partes, la magistrada determinó que la audiencia se desarrolle mediante un formato mixto, combinando la participación presencial con la modalidad virtual. El objetivo primordial de estas sesiones será retomar la etapa procesal necesaria para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio.
El "Caso Goleada" es una investigación de gran magnitud que involucra a un total de 17 personas naturales y nueve empresas. Entre los procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a un círculo cercano compuesto por sus hermanos, su madre, Gioconda Henríquez, y su esposa, Fiorella Ycaza, además de otros familiares. De manera paralela, la Fiscalía General del Estado ha incorporado al proceso nueve compañías que, según las investigaciones, están relacionadas con el entorno de los implicados.
La teoría fiscal que sustenta este proceso se centra en un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la comercialización de combustibles. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los procesados habrían adquirido volúmenes considerables de diésel subsidiado, el cual estaba destinado a fines específicos, para luego venderlo a embarcaciones de bandera nacional.
Sin embargo, la investigación sostiene que una parte de ese combustible subsidiado habría sido desviada ilegalmente hacia embarcaciones internacionales. Según la tesis de la Fiscalía, los recursos económicos obtenidos a través de estas operaciones habrían sido blanqueados y trasladados mediante una red de operaciones empresariales y el uso de compañías registradas en Panamá, buscando así ocultar el origen ilícito de los fondos.
En cuanto a la evolución jurídica del caso, el proceso no siempre tuvo la calificación actual. Inicialmente, la investigación comenzó bajo la figura de presunta delincuencia organizada. No obstante, en mayo de 2026, la Fiscalía procedió a reformular los cargos, centrando la acusación en el delito de lavado de activos. Posteriormente, la etapa de instrucción fiscal concluyó a finales de junio, tras un periodo de recolección de evidencias que involucró tanto a personas naturales como a personas jurídicas.
En la actualidad, el futuro del Caso Goleada depende enteramente del desarrollo de la nueva audiencia preparatoria programada para septiembre. En este espacio judicial, se deberán revisar minuciosamente todos los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, así como analizar las posiciones y argumentos de las defensas técnicas de los 17 procesados. Esta nueva fecha busca reactivar un proceso que se había visto afectado y ralentizado por los constantes cambios de juzgador y las declaraciones de nulidad procesal.
