La gestión diplomática del presidente Daniel Noboa y su equipo ministerial ha logrado avances significativos en la apertura de nuevos mercados internacionales. Según el análisis de Francisco Rosales Ramos, la diplomacia presidencial ha sido capaz de acelerar los procesos y quemar etapas, permitiendo que los productos ecuatorianos accedan a países que, hasta hace poco, habían permanecido cerrados al comercio con la nación. Sin embargo, este logro externo es solo la primera parte de una ecuación necesaria para el crecimiento económico.
Para que estas oportunidades de exportación no se conviertan en posibilidades desaprovechadas, el país debe ahora centrarse en completar la tarea mediante la implementación de reformas internas indispensables. La premisa es clara: la apertura de mercados es una puerta abierta, pero para que las inversiones locales y extranjeras crucen ese umbral y se concreten en proyectos reales, el entorno interno de Ecuador debe ser atractivo y seguro.
Uno de los puntos neurálgicos identificados es la confianza del capital local. El análisis sostiene que no puede existir una inversión extranjera de importancia si el inversionista externo percibe que el empresario local no confía en su propio país. La confianza interna actúa como el primer indicador de viabilidad para quienes operan desde el exterior; por lo tanto, generar un ecosistema donde los capitales nacionales impulsen el desarrollo es un paso previo y fundamental para atraer fondos internacionales.
En este sentido, se destacan cuatro áreas críticas que requieren una intervención urgente. En primer lugar, se señala la necesidad imperativa de lograr la independencia de la administración de justicia. Es fundamental que la ley se aplique de manera equitativa, sin importar a quién beneficie o perjudique el fallo. Especialmente, el sector empresarial requiere que las diferencias que surjan entre las compañías privadas y las agencias estatales se resuelvan de forma oportuna y, sobre todo, sin interferencias exógenas. Mientras no exista esta certeza jurídica, el inversor tenderá a abstenerse de adelantar sus negocios o, en el mejor de los casos, los diferirá en el tiempo.
En segundo lugar, el sistema de contratación con el Estado demanda cambios sustanciales. El objetivo es eliminar los favoritismos y garantizar que los acuerdos se conviertan en ley para todas las partes involucradas. Como una posible vía de solución, se plantea que Ecuador podría seguir el modelo de los "contratos-ley" implementados en Perú, lo cual brindaría una mayor estabilidad y transparencia a las relaciones contractuales con el sector público.
El tercer eje de reforma es la legislación laboral, la cual se describe como obsoleta. La ley actual no responde a las dinámicas modernas de la relación entre obrero y patrono. Más grave aún es que mantiene instituciones que, aunque pretenden defender al trabajador, terminan perjudicándolo al desincentivar la creación de empleo. Un ejemplo concreto es la jubilación patronal, que actúa como un castigo para aquellos trabajadores que están próximos a cumplir 20 años de servicio en una misma empresa, desalentando así la estabilidad laboral y la contratación a largo plazo.
Finalmente, se urge a una actualización de la ley tributaria. Debido a una sucesión constante de reformas y contrarreformas, el sistema impositivo se ha convertido en un desbarajuste total, generando incertidumbre y complejidad para quienes desean formalizar sus inversiones o mantener sus negocios en el país.
El camino hacia estas reformas no es sencillo, pero se plantea como una urgencia nacional. El desafío para el gobierno no es hacer lo fácil, sino ejecutar estas tareas complejas para sentar las bases de un desarrollo sostenible para la nación, asegurando que la diplomacia comercial se traduzca efectivamente en empleos y prosperidad económica.
