Rafael Ramírez, quien fuera presidente de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo durante el gobierno de Hugo Chávez, ha calificado como "lesivo" el reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Desde su exilio en Roma, el exfuncionario aseguró que el pacto representa un golpe crítico al futuro del país al ceder la soberanía sobre una parte significativa de sus recursos naturales.
El acuerdo establece que Venezuela ceda a Estados Unidos, por un periodo de 100 años, los derechos de 17 yacimientos petrolíferos. Según datos proporcionados por la Casa Blanca, estas reservas están estimadas en unos 65.000 millones de barriles, lo que, según Ramírez, equivale a más del 23% de la reserva total del país. La explotación de estos yacimientos estará a cargo de North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien es investigado en Suiza y España por presunta malversación de fondos de PDVSA y lavado de dinero.
Ramírez criticó duramente la elección de NABEP, describiéndola como una "empresa de maletín" sin trayectoria real en el sector petrolero. Además, señaló que la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos ahora posee una participación en dicha compañía, asegurando la compra de crudo venezolano a precio de coste. El exministro comparó esta situación con la época del dictador Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX, cuando el país entregó el control de sus recursos a compañías como Shell y Standard Oil para mantener el poder.
El exfuncionario vinculó este acuerdo con lo que denomina un "tutelaje norteamericano" iniciado tras la intervención militar del 3 de enero. Ramírez denunció que, tras la falta de respuesta del ejército venezolano, el gobierno actual aceptó las condiciones de Trump. Detalló que Estados Unidos tomó inicialmente entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y que, mediante una orden ejecutiva del 9 de enero, los ingresos por ventas de crudo venezolano fueron destinados a un banco del Tesoro norteamericano. Hasta el mes de julio, se han vendido 222,7 millones de barriles, acumulando un fondo de 16.200 millones de dólares.
En cuanto a los beneficios económicos, Ramírez cuestionó la cifra de 200.000 millones de dólares en ingresos fiscales proyectados por la Casa Blanca para los próximos 25 años. El exministro contrastó este monto con su propia gestión, afirmando que en solo 10 años entregó 500.000 millones de dólares al fisco venezolano. Asimismo, comparó la situación actual con la de Irak, donde el control de las exportaciones por parte de Estados Unidos ha persistido durante más de dos décadas.
La entrevista también abordó el colapso de PDVSA. Mientras que la compañía producía 3,7 millones de barriles diarios antes del chavismo, alcanzó un mínimo histórico de menos de 400.000 en 2020. Ramírez sostiene que al entregar la empresa a Nicolás Maduro en 2014, la producción era de 3 millones de barriles, y que la caída drástica fue responsabilidad de la gestión de Maduro, quien habría privatizado campos mediante el decreto 368 en 2018.
No obstante, el exministro enfrentó cuestionamientos sobre su propia gestión. Se le recordó que durante sus años al mando la deuda de PDVSA se multiplicó por 20, llegando a los 65.000 millones de dólares, y que fue acusado por la Asamblea Nacional de un desfalco de 11.000 millones de dólares. Ramírez negó cualquier responsabilidad, asegurando que las acusaciones son impulsadas por rivales políticos y figuras como el fiscal Tarek William Saab.
Finalmente, Ramírez cuestionó la legitimidad de Delcy Rodríguez, afirmando que su gobierno se originó en el fraude electoral de 2024 y que, al existir una ausencia absoluta del presidente, la Constitución obligaba a convocar elecciones en 180 días. Según Ramírez, el gobierno transitorio no tiene legalidad para tomar decisiones que comprometan los recursos estratégicos del país a largo plazo.
