El Gobierno de España ha puesto en marcha la elaboración de un real decreto destinado a ejecutar una criba masiva de los proyectos de centros de datos en el territorio nacional. Esta medida surge como respuesta al aluvión de peticiones para la apertura de nuevas instalaciones, con el objetivo primordial de poner orden en el sector y asegurar que solo prosperen aquellos proyectos que resulten ser los más sostenibles, seguros y eficientes.
La nueva normativa pretende imponer exigencias significativamente más estrictas en tres ejes fundamentales: el consumo de electricidad, el uso del agua y la seguridad digital de los datos gestionados por estas instalaciones. A través de este filtro legal, el Ejecutivo busca frenar una parte de los proyectos actuales para priorizar aquellos que cumplan con los estándares más elevados de sostenibilidad.
En concreto, el Gobierno desea que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España estén obligados a cumplir con los requisitos de eficiencia más exigentes previstos por la Unión Europea, tanto en el consumo eléctrico como en el hídrico, funcionando como una suerte de "etiqueta A" de eficiencia. Además, la normativa contemplaría una exigencia muy específica: que el 80% de la electricidad consumida sea de origen renovable durante todas y cada una de las horas del día. Esta energía deberá provenir de plantas verdes nuevas, con una antigüedad no mayor a 18 meses, y debe ser producida en la misma hora en que se consume. Con esta medida, el Ejecutivo pretende promover la creación de nuevas renovables y evitar que el incremento de la demanda energética de estos centros derive en un mayor uso de las centrales de gas en España.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo tanto en los grupos tecnológicos como en las grandes eléctricas. La patronal eléctrica Aelec, que representa a empresas como Iberdrola, Endesa y EDP, ha manifestado su oposición a la reforma. Marina Serrano, presidenta de Aelec, ha advertido que España necesita más demanda eléctrica y no más barreras. Según Serrano, facilitar la incorporación de nuevos consumos es esencial para electrificar la economía, aumentar el uso de renovables y reforzar la autonomía energética. Desde la patronal sostienen que una mayor demanda implica una mejor utilización de las redes, menos vertidos renovables y una reducción de costes para industrias y consumidores, advirtiendo que penalizar la demanda conduciría a resultados opuestos.
Serrano ha reconocido que es positivo incorporar nuevas renovables, pero critica que se haga imponiendo obligaciones de generación a los consumidores, cuestionando si estos podrán cumplirlas. Según Aelec, la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con menos emisiones y más eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto y no individualmente a la demanda, sugiriendo que sería preferible implementar incentivos para la flexibilidad de los consumidores.
La urgencia del Gobierno por frenar la avalancha de proyectos se sustenta en una disparidad alarmante de cifras. Las previsiones gubernamentales estiman que los centros de datos operativos en 2030 requerirán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica. Por su parte, la patronal SpainDC anticipa que, al final de la década, las instalaciones operativas necesitarán entre 2,6 y 3 GW. No obstante, la realidad actual muestra que ya existen proyectos con permiso para conectarse a la red por unos 12,5 GW, a los que se suman otras solicitudes formuladas o en preparación por cerca de 20 GW adicionales.
Ante este panorama, el Ejecutivo sospecha que existen "proyectos fantasma" sin una base industrial real o movimientos puramente especulativos. Por ello, planea aplicar estos nuevos requisitos a todas las instalaciones que superen el megavatio (MW) de potencia eléctrica, buscando seleccionar los centros que aporten mayores beneficios con el menor impacto ambiental.
Desde SpainDC, la patronal de los promotores tecnológicos, Begoña Villacís, directora ejecutiva, ha alertado sobre la inseguridad jurídica que genera cambiar las reglas del juego cuando ya existen inversiones comprometidas. Villacís ha sentenciado que ordenar el crecimiento no puede traducirse en expulsar la inversión atraída durante años, advirtiendo sobre la posible huida de inversiones milmillonarias hacia otros países.
Para ilustrar el riesgo, SpainDC ha presentado tres escenarios de inversión hasta 2030. En el escenario que consideraban más probable hasta ahora, se preveían instalaciones con una potencia de 2.600 MW e inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros. No obstante, si la regulación se vuelve restrictiva, la estimación cae a centros con 1.800 MW y una inversión de 43.000 millones. En el extremo opuesto, si la normativa agilizara el despliegue, se podría alcanzar una potencia de 2.900 MW y una inversión de 79.000 millones de euros. La patronal advierte que, ante el texto actual, el escenario restrictivo podría parecer moderado y que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España podría estar en riesgo.
Finalmente, Aelec ha reiterado que modificar las condiciones de proyectos que ya cuentan con permisos concedidos genera una incertidumbre regulatoria que afecta la confianza para invertir en redes y renovables. La patronal eléctrica concluye que imponer requisitos inexistentes en otros países pone en peligro la competitividad de España, empujando las inversiones fuera de sus fronteras.
