Los centros CEN-CINAI ubicados en las localidades de Platanillo y Grano de Oro, en el cantón de Turrialba, retomaron sus actividades este jueves. La reapertura de estos establecimientos ocurre luego de un periodo de cierre motivado por problemas presupuestarios, una situación que se mantuvo en silencio oficial hasta que la presión informativa obligó a una reacción inmediata.
El restablecimiento de los servicios se produjo apenas unas horas después de que el Gobierno de la República negara la existencia de cualquier tipo de afectación en la operatividad de estos centros. No obstante, la reapertura fue la consecuencia directa de un reporte publicado por el medio CR Hoy, el cual informó detalladamente sobre la suspensión de las labores en ambos establecimientos.
El testimonio de las familias afectadas pone de relieve la incertidumbre vivida durante los días de cierre. Hannia Padilla, madre de uno de los niños que recibe atención en uno de estos centros y quien fue una de las personas que denunció la situación, confirmó que la notificación de regreso a las actividades no llegó a través de un canal oficial institucional, sino mediante un audio enviado por una funcionaria del CEN-CINAI, en el cual se les comunicaba que la atención se retomaría este jueves.
De acuerdo con la información proporcionada por Padilla, la crisis comenzó el pasado 31 de agosto. En esa fecha, las familias fueron informadas, sin ningún tipo de aviso previo, que el servicio de cuido y atención sería suspendido. Lo más preocupante para los padres y representantes fue que, al momento de comunicar la medida, no se les indicó el tiempo probable de duración de dicha suspensión, dejando a las familias en un estado de desamparo respecto al cuido de los menores.
Un aspecto crítico de este proceso fue la gestión de la comunicación. Según se reportó, la suspensión del servicio fue comunicada directamente por la empresa contratista encargada de la operación, ya que el CEN-CINAI, como ente rector, no emitió ningún comunicado oficial dirigido a las familias afectadas para explicar los motivos o la duración del cierre.
Mientras este cierre ocurría en la práctica, el discurso oficial del Gobierno era contradictorio. La presidenta Laura Fernández negó rotundamente que existiera una afectación en los servicios de los centros CEN-CINAI. A pesar de esta negativa inicial, la mandataria anunció que procedería a ordenar una investigación exhaustiva para determinar exactamente qué había ocurrido en los centros de Turrialba.
En la misma línea de negación, María Marta Carballo, directora nacional de CEN-CINAI, afirmó que los centros funcionaban con total normalidad. Carballo precisó que únicamente seis establecimientos de jornada nocturna presentaban afectaciones presupuestarias. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la realidad de los hechos, ya que los centros de Platanillo y Grano de Oro no pertenecen a la modalidad nocturna, sino que brindan atención en jornada ordinaria.
La problemática en Turrialba no representa un caso aislado, sino que parece formar parte de una tendencia de inestabilidad financiera en el programa. Recientemente, CR Hoy también informó sobre la cancelación de servicios esenciales de transporte y cuido en la Dirección Regional Huetar Norte del CEN-CINAI, citando nuevamente la falta de presupuesto como la causa principal.
Este escenario en la zona norte fue confirmado tanto por un funcionario de la institución como por Walter Hidalgo, uno de los transportistas que vio afectado su contrato. Al igual que sucedió en Turrialba, la situación se resolvió rápidamente tras la publicación de la noticia; horas después, Hidalgo informó que los transportistas habían sido contactados para restablecer sus contratos y que los servicios se reanudarían con normalidad.
El contexto financiero de estas suspensiones se vincula con decisiones legislativas recientes. Estos incidentes operativos ocurren después de que la fracción de Pueblo Soberano aprobara un recorte de 40.000 millones de colones al programa CEN-CINAI dentro del presupuesto nacional proyectado para el año 2026, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura de estos servicios básicos de cuido y nutrición infantil.
