El panorama energético de Venezuela ha dado un giro significativo tras revelarse la identidad del empresario que estará al frente de la compañía seleccionada para participar en el acuerdo petrolero impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno interino de Venezuela. Se trata de Alejandro Betancourt López, quien a través de su firma North American Blue Energy Partners (NABEP), se convertirá en socio del gobierno estadounidense para la explotación de 17 campos petroleros.
NABEP, una empresa registrada en Barbados con escasa información pública, liderará una nueva joint venture que ostentará los derechos de operación durante un periodo de 25 años, con posibilidad de prórroga. Las áreas de operación se concentran en dos de las zonas más estratégicas del país: el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. La magnitud de este acuerdo es considerable, ya que los yacimientos involucrados representan aproximadamente el 21,5% de las reservas probadas de crudo de Venezuela, lo que equivale a unos 65.000 millones de barriles. Además, el contrato establece que el Gobierno de Estados Unidos poseerá el 35% de las acciones de NABEP.
La elección de Betancourt ha generado interrogantes en diversos sectores, particularmente porque en la operación no figuran gigantes petroleros internacionales como ExxonMobil, ConocoPhillips o BP. En su lugar, el protagonismo recae en un empresario cuya trayectoria ha estado marcada por la obtención de cuantiosos contratos estatales, una rápida expansión internacional y diversas investigaciones judiciales. Por su parte, Donald Trump ha defendido la operación, calificándola como el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela y sugiriendo que el crudo obtenido podría servir para recuperar las reservas estratégicas de Estados Unidos.
Alejandro Betancourt López, nacido en Caracas en 1980 y graduado en Economía por la Universidad de Suffolk en Massachusetts, es reconocido como uno de los principales exponentes de los denominados “bolichicos”. Este término, acuñado en 2011 por el periodista Juan Carlos Zapata, se utiliza en Venezuela para describir a jóvenes empresarios que amasaron fortunas millonarias mediante negocios con el gobierno de Hugo Chávez. La fortuna de Betancourt ha sido estimada en alrededor de 2.600 millones de dólares, gestionada a través de su firma O’Hara Financial.
El ascenso de Betancourt comenzó con la fundación de Derwick Associates. Entre 2009 y 2011, en el marco de una crisis eléctrica, su empresa recibió 12 contratos sin licitación por un valor aproximado de 5.000 millones de dólares para la construcción y modificación de plantas eléctricas. Sin embargo, esta gestión fue cuestionada por Transparencia Venezuela y el OCCRP. Un informe de 2018 estimó que el costo real de dichas obras debió ser de 2.100 millones de dólares, sugiriendo un sobrecosto del 138%, aunque Derwick ha sostenido que cumplió con la ejecución de los contratos.
Más allá de la electricidad, Betancourt incursionó en el petróleo mediante Petrozamora, una asociación con Pdvsa y empresas rusas en el lago de Maracaibo. Su red de negocios se expandió globalmente hasta alcanzar unas 50 compañías en 16 países, incluyendo la adquisición de la firma española de gafas Hawkers y participaciones en bancos de Suiza y África.
Esta expansión ha estado acompañada de procesos judiciales. En 2013, el exembajador Otto Reich lo demandó en Estados Unidos por presuntos pagos a funcionarios venezolanos, aunque la causa fue desestimada en 2018. Asimismo, ha sido objeto de investigaciones en España, Suiza y Andorra por presunta legitimación de capitales. En 2025, Betancourt fue detenido en dos ocasiones en Londres y las autoridades españolas allanaron el castillo de Alamín, propiedad del empresario en Toledo, como parte de una investigación suiza. Su abogado, Jon Sale, ha rechazado estas acusaciones, afirmando que son fabricadas y subrayando que no existen cargos formales contra él en Estados Unidos.
Para justificar la elección de Betancourt, el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó tres argumentos principales: su experiencia en producción petrolera (con una producción asociada a NABEP estimada en 180.000 barriles diarios, cifra que algunos expertos sugieren analizar con cautela), la ausencia de condenas judiciales firmes en el sistema estadounidense y su alineación política. Betancourt habría establecido vínculos con sectores de la oposición, incluyendo personas cercanas a Juan Guaidó y funcionarios de la administración Trump, e incluso habría actuado como intermediario entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio tras la caída de Nicolás Maduro.
A pesar de los acuerdos alcanzados, persisten dudas sobre la transparencia de la operación, la estructura definitiva de los contratos y la distribución real de los beneficios e inversiones.
