Juan Yurquina, quien dedicó 32 años de su vida laboral como portero en la unidad educativa Julio Calvo de la ciudad de Tarija, se encuentra actualmente en una encrucijada legal y laboral. Tras haber sido procesado por una grave acusación de violación a un menor, el hombre fue finalmente absuelto por la justicia, pero ahora se enfrenta a un nuevo desafío: la dificultad para recuperar su puesto de trabajo y la estabilidad económica que perdió durante su tiempo en prisión.
Los hechos que marcaron el inicio de este calvario se remontan a mediados de abril del año pasado. Según el relato de Yurquina, la detención ocurrió poco después de los festejos por el aniversario de Tarija. El trabajador se encontraba cumpliendo sus funciones en la unidad educativa cuando fue sorprendido por efectivos policiales, quienes procedieron a trasladarlo a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En ese momento, el hombre afirmó no tener conocimiento de los motivos de su detención, enterándose de la gravedad de la acusación únicamente al ser notificado formalmente sobre el proceso judicial en su contra.
La denuncia formal señalaba a Yurquina como presunto autor de la violación de un menor de edad. Ante tales acusaciones, el extrabajador mantuvo una postura firme de inocencia durante todo el proceso, asegurando que jamás tuvo contacto físico ni cercanía con la presunta víctima. Asimismo, Yurquina sostuvo que no conocía personalmente a la madre del menor, aclarando que su único vínculo con los hijos de la denunciante era el verlos pasar por el colegio en el ejercicio de sus funciones como portero, pero que nunca existió una interacción personal que justificara la acusación.
La resolución de este caso no fue inmediata. Juan Yurquina permaneció recluido en un penal durante casi un año mientras se desarrollaba la etapa procesal. El hombre describió este periodo como una experiencia traumática y desgarradora, calificando los primeros meses de encierro como un "infierno". Durante su estancia en prisión, Yurquina manifestó una profunda sensación de desconcierto al no comprender cómo había terminado privado de su libertad basándose en una acusación que, según su versión, no correspondía con la realidad de los hechos.
El desenlace judicial llegó en el mes de agosto. La audiencia de juicio comenzó el día 10, pero debido a la ausencia de algunos testigos fundamentales para la defensa, la sesión tuvo que extenderse hasta el día siguiente. Finalmente, el 11 de agosto, el proceso concluyó con una sentencia de absolución, permitiendo que Yurquina recuperara su libertad legalmente.
Sin embargo, la libertad jurídica no se tradujo en una restitución laboral inmediata. Yurquina denuncia que, a pesar de haber sido declarado inocente, no ha podido retornar a su fuente de trabajo en la unidad educativa Julio Calvo. El extrabajador ha iniciado diversas gestiones para regularizar su situación administrativa, pero se ha encontrado con barreras burocráticas. En primera instancia, se le informó que debía esperar a que la sentencia quedara ejecutoriada. Posteriormente, emprendió trámites para la eliminación de su registro policial y judicial.
La situación se complicó aún más cuando, tras presentar la documentación necesaria desde Tarija, recibió una respuesta desde la ciudad de La Paz donde se le indicó que el trámite de eliminación de registros podría demorar hasta dos años. Esta noticia ha generado una gran preocupación en Yurquina, quien cuestiona la razonabilidad de dicho plazo, considerando que actualmente carece de un empleo estable y debe solventar sus necesidades básicas.
En el aspecto económico, la situación es crítica. El hombre explicó que sus cuentas se están acumulando y que, para sobrevivir, se ve obligado a realizar trabajos ocasionales ayudando a una colega. No obstante, los ingresos percibidos a través de estas labores esporádicas son insuficientes, alcanzando apenas para cubrir la alimentación y el pago de los servicios básicos del hogar.
A pesar de la adversidad, Juan Yurquina cuenta con un respaldo social significativo. Varios padres de familia de la unidad educativa Julio Calvo, incluyendo integrantes de la junta de padres, han manifestado su apoyo público a su retorno. Estas familias, que conocen la trayectoria de Yurquina desde que comenzó a trabajar a los 21 años, aseguran confiar en su integridad y destacan su desempeño durante las más de tres décadas que sirvió al establecimiento, donde incluso algunos de los actuales padres fueron alumnos.
Actualmente, el extrabajador analiza junto a su abogado las posibles acciones legales que podría emprender contra la persona que originó la denuncia. No obstante, su prioridad inmediata sigue siendo resolver su situación laboral. Para Yurquina, la incapacidad de volver al lugar donde desarrolló la mayor parte de su vida profesional representa un "tormento" que prolonga el sufrimiento vivido durante su tiempo en prisión.
