Un análisis detallado de los registros de la Procuraduría General de la Nación ha revelado que la Policía Nacional de Colombia concentró el 70,3% de las personas sancionadas disciplinariamente en el país durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026. Según la información publicada por la revista Cambio, basada en la base de datos de antecedentes oficiales, de un total de 1.268 personas identificadas con sanciones, 892 pertenecían a la institución policial, mientras que las 376 restantes correspondían a otros grupos incluidos en el registro.
El informe, fundamentado en una consulta realizada el 15 de octubre de 2026, evidencia un incremento notable en el número de uniformados sancionados en comparación con el año anterior. Durante los primeros ocho meses de 2025, la cifra de policías sancionados era de 642 personas; para el mismo lapso de 2026, el número ascendió a 892. Esta diferencia representa un aumento de 250 personas, lo que equivale a un crecimiento del 38,9% en el volumen de efectivos sancionados.
Es fundamental precisar que los datos analizados corresponden a sanciones que comenzaron a producir efectos legales durante el periodo señalado, y no necesariamente a faltas cometidas en el año 2026. Por lo tanto, la fecha de inicio de la sanción no debe confundirse con la fecha en la que ocurrieron los hechos que originaron el proceso disciplinario.
La fuente de esta información es el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), una plataforma administrada por la Procuraduría General de la Nación. Este sistema centraliza los antecedentes sobre sanciones y restricciones para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, recopilando decisiones reportadas por diversas autoridades, incluyendo las dependencias disciplinarias internas de la propia Policía Nacional. En consecuencia, que una sanción figure en el Siri no implica que haya sido impuesta directamente por la Procuraduría, ya que el organismo también registra fallos emitidos por otras autoridades competentes.
Para garantizar la precisión de las cifras, el análisis de la revista Cambio revisó los tipos y números de documento, contabilizando a cada individuo una sola vez, independientemente de si poseía múltiples decisiones registradas en su contra. El estudio incluyó tanto a servidores y exservidores públicos como a particulares sujetos a sanciones.
En cuanto a la naturaleza de las medidas, se registraron 933 decisiones disciplinarias contra policías entre enero y agosto de 2026. Es importante notar que estas 933 decisiones fueron acumuladas por los 892 policías identificados, lo que indica que algunos uniformados recibieron más de una sanción. La medida más recurrente fue la destitución acompañada de inhabilidad general para ejercer funciones públicas, aplicada en 635 decisiones. La segunda modalidad más común fue la suspensión con inhabilidad especial, registrada en 292 casos, mientras que solo seis decisiones correspondieron a multas.
La destitución conlleva la salida definitiva del funcionario de la institución, sumada a una restricción para ejercer cargos públicos durante el tiempo fijado en el fallo. Por su parte, la suspensión implica que el policía sea apartado temporalmente de sus funciones, dejando de percibir su salario durante la vigencia de la medida, mientras que la inhabilidad especial limita el ejercicio de funciones públicas según los términos de la decisión.
Al comparar las modalidades de sanción entre 2025 y 2026, se observa que la variación más drástica ocurrió en las suspensiones con inhabilidad, que pasaron de 25 decisiones en 2025 a 292 en 2026. En contraste, las destituciones con inhabilidad general se mantuvieron estables, pasando de 632 a 635 registros.
A nivel territorial, Bogotá lideró el número de decisiones disciplinarias contra uniformados con 187 registros. Le siguieron Antioquia con 119, Valle del Cauca con 91 y Atlántico con 87. Estos cuatro departamentos concentraron 484 decisiones, superando la mitad del total analizado. El departamento del Atlántico destacó por tener el incremento más agresivo, triplicando sus registros al pasar de 29 en 2025 a 87 en 2026. Otros incrementos se vieron en Bogotá (de 135 a 187), Magdalena (de 16 a 45) y Norte de Santander (de 14 a 37). Por el contrario, las cifras descendieron en Huila, que bajó de 21 a nueve registros, y en Putumayo, que pasó de 17 a cuatro.
Finalmente, el informe recuerda que la Policía Nacional posee su propia Inspección General y dependencias disciplinarias para evaluar la conducta de sus miembros. No obstante, la Procuraduría General de la Nación mantiene la facultad del "poder preferente", que le permite asumir procesos disciplinarios que estén siendo adelantados por otras autoridades.
