La presidenta Keiko Fujimori ha mantenido una postura cautelosa y distante respecto al desempeño profesional del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Ante los cuestionamientos recientes sobre la gestión de la seguridad ciudadana, la mandataria evitó emitir un juicio directo sobre la labor del jefe policial, optando por derivar cualquier evaluación técnica o administrativa al Ministerio del Interior.
Durante una intervención ante los medios de comunicación, la presidenta fue enfática al señalar que la responsabilidad de supervisar la labor de los miembros de la institución recae en la cartera correspondiente. "Esa respuesta se la traslado al ministro del Interior que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la PNP", afirmó la jefa de Estado, marcando una línea clara de separación entre la dirección política del gobierno y la supervisión operativa de la fuerza policial.
Más allá de la evaluación del desempeño, Fujimori subrayó la vigencia y la importancia de la normativa actual que garantiza la estabilidad del comandante general en su cargo. La mandataria insistió en que su administración respeta la norma que brinda un blindaje al general Arriola por un periodo de dos años. Según las palabras de la presidenta, este marco legal tiene como objetivo principal fortalecer la institucionalidad tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.
Este respaldo normativo implica que el comandante general, quien asumió sus funciones en septiembre de 2025, tiene un periodo extendido por decreto hasta septiembre de 2027. Con estas declaraciones, la presidenta ha dejado entrever que no tiene la intención de realizar cambios en el mando policial, sugiriendo que cualquier movimiento dependería de una ley que no está sujeta exclusivamente a su voluntad.
A pesar de esta postura, la mandataria cerró su intervención con un mensaje de respaldo general hacia las fuerzas del orden. "Quiero también resaltar que hoy tenemos una PNP y unas FFAA más fortalecidas que saben que tienen el respaldo del Gobierno", sostuvo Fujimori. No obstante, este mensaje de unidad institucional contrasta significativamente con el clima de tensión que se respira en el Poder Legislativo y, específicamente, dentro de su propia bancada, donde ya han surgido voces que solicitan formalmente la evaluación de la salida del jefe policial.
Mientras la presidenta se refugia en el cumplimiento de la norma, el Congreso de la República ha comenzado a accionar por vías independientes para modificar el escenario actual. Las congresistas Analí Márquez y Catherin Palomino, pertenecientes a la bancada de Juntos por el Perú, han presentado dos proyectos de ley con un objetivo específico: derogar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. Este es precisamente el artículo que establece el blindaje de dos años para el comandante general, la misma norma que la presidenta Fujimori invocó para justificar su silencio sobre la continuidad de Arriola.
La congresista Catherin Palomino fundamentó la necesidad de eliminar este blindaje basándose en la situación de seguridad pública. "El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial", señaló la parlamentaria. Ambas iniciativas ya han sido remitidas a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja para su análisis.
El malestar hacia la conducción de la PNP ha trascendido la bancada de Juntos por el Perú. El diputado Diego Bazán, representante de Renovación Popular, confirmó su respaldo a la propuesta de Palomino y adelantó que presentará una iniciativa similar, declarándose abiertamente crítico del general Óscar Arriola.
Este clima de rechazo se intensificó tras el atentado ocurrido en Trujillo, evento que detonó exigencias directas de renuncia. Las bancadas de Ahora Nación y Renovación Popular han sido tajantes al solicitar la salida del comandante general. Desde Ahora Nación se manifestó que "el Perú no puede seguir gobernado por el miedo" y aseguraron que desde el Congreso exigirán los resultados que, a su juicio, no se están obteniendo actualmente.
Por su parte, el grupo parlamentario de Renovación Popular cuestionó la capacidad de Arriola para liderar la institución en medio de la crisis actual. La bancada señaló que la Policía Nacional requiere un cambio urgente en su conducción y exigió acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden público y garantizar la seguridad de todos los peruanos.
