El panorama energético de Venezuela ha dado un giro determinante con el anuncio de un ambicioso acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, impulsado por los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez. En el centro de esta operación se encuentra Alejandro Betancourt, un empresario venezolano de 46 años que ha pasado de ser una figura vinculada a la fortuna generada durante el chavismo a convertirse en una pieza fundamental para la estrategia estadounidense en el país caribeño.
A través de su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), Betancourt ha obtenido los derechos para desarrollar, durante un periodo de 100 años, 17 campos petroleros que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas. Según un comunicado de NABEP, Betancourt afirmó que Venezuela posee una abundancia de recursos naturales y un potencial sin explotar que esta transacción permitirá liberar para el beneficio mutuo de ciudadanos venezolanos y estadounidenses.
Los términos del acuerdo establecen que NABEP mantendrá el control operativo del negocio. No obstante, el gobierno de Estados Unidos tendrá derecho a una participación del 35% en la empresa, así como un acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo. Desde la Casa Blanca se ha informado que NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares destinados a la recuperación de la infraestructura petrolera, actualmente deteriorada, y se comprometerá al pago de más de 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas en los próximos 25 años.
La trayectoria de Betancourt, graduado en Economía y Administración de Empresas por Suffolk University y con un Executive MBA de Oxford University, ha estado marcada por fuertes controversias. En el país es identificado como uno de los “bolichicos”, término utilizado para describir a jóvenes que obtuvieron contratos públicos multimillonarios sin contar con trayectoria previa en los sectores asignados. En 2003, fundó Derwick Associates de Venezuela S.A., empresa constructora de plantas eléctricas que obtuvo importantes contratos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Transparencia Venezuela ha señalado que Betancourt amasó su fortuna mediante Derwick Associates mientras el país enfrentaba una emergencia eléctrica. La organización indica que la empresa obtuvo 12 contratos en menos de 14 meses sin experiencia comprobada en obras civiles, estimando que el gobierno de Chávez pagó 2.900 millones de dólares en presuntos sobreprecios, lo que derivó en una investigación en 2015. Asimismo, la agencia EFE reportó que la compañía fue señalada de otorgar sobornos a funcionarios como Diosdado Cabello para inflar facturas.
En el sector petrolero, Betancourt inició su camino a través de una estructura empresarial que participó en Petrozamora, una empresa mixta creada en 2012 entre PDVSA y una sociedad vinculada a Gazprombank para explotar los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra en el estado Zulia. Tras años de distanciamiento y acusaciones —incluyendo señalamientos del fiscal Tarek William Saab en 2017 y del exministro Tareck El Aissami en 2022 sobre esquemas de corrupción que comprometieron 4.850 millones de dólares de PDVSA—, Betancourt regresó al sector en abril de 2024.
A través de NABEP, creada junto al empresario estadounidense Harry Sargeant III, firmó un Contrato de Participación Productiva con PDVSA para operar activos de Petrozamora. Actualmente, NABEP se posiciona como la segunda mayor productora de crudo en Venezuela, superada solo por Chevron, con una producción que excede los 200.000 barriles diarios.
El perfil de Betancourt ha atraído la atención de la justicia internacional. La Audiencia Nacional de España reabrió en junio de este año una investigación que le atribuye, junto a socios, el soborno de tres funcionarios de PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar 4.850 millones de dólares en operaciones de cambio de divisas. Por otro lado, en Suiza enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición del Reino Unido, la cual fue retirada en mayo de 2026 tras la intervención de funcionarios de la administración Trump. En Estados Unidos, aunque fiscales de Nueva York examinaron posibles casos de lavado de dinero y sobornos vinculados a Derwick Associates, el empresario no fue acusado formalmente.
Medios como El País, Bloomberg y The Washington Post describen a Betancourt como el intermediario estratégico entre Delcy Rodríguez y la Administración Trump. Según The Washington Post, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, Estados Unidos lo reclutó para asegurar el control sobre el Gobierno y la industria petrolera venezolana. Mauricio Claver-Carone, ex emisario de Washington, confirmó a Reuters que utilizaron a Betancourt por su conocimiento del negocio petrolero en ambos países y su capacidad para tender puentes con el Gobierno de Rodríguez.
Sin embargo, esta alianza no está exenta de críticas. Andrés Cañizález, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, calificó la elección de Betancourt como "cuestionable" debido a su historial de manejos irregulares, aunque precisó que el empresario no posee condenas firmes. Cañizález sugiere que la participación directa de Estados Unidos busca ofrecer una garantía jurídica a los inversionistas ante la persistente inseguridad jurídica en Venezuela, aunque mantiene reservas sobre la capacidad real de Betancourt y su empresa para ejecutar un proyecto de tal envergadura a largo plazo.
