El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó a Venezuela el pasado martes por la noche con el objetivo principal de formalizar un acuerdo petrolero estratégico. Esta operación, que ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, otorgará a Washington el control sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras del país suramericano.
El anuncio preliminar de este acuerdo fue realizado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la medida permitirá a su país obtener el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas en territorio venezolano. A su llegada, Wright anticipó que este miércoles se darán a conocer diversos acuerdos adicionales, los cuales, según sus palabras, permitirán más que duplicar la producción de petróleo de Venezuela en los próximos años. El secretario de Energía enfatizó que estas inversiones buscan llevar "paz, oportunidades y prosperidad" tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.
Desde la perspectiva geopolítica y económica, funcionarios de Estados Unidos han defendido la operación argumentando que el control de estos activos permitirá reducir los precios del combustible para los consumidores estadounidenses. Asimismo, la administración de Trump busca contrarrestar la influencia que Rusia y China han mantenido sobre Venezuela. Este movimiento se produce en un contexto donde Washington ejerce un fuerte control sobre el Gobierno de Caracas, tras la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en enero.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aportó detalles técnicos sobre la operación en una entrevista concedida al periodista Sergio Novelli. Rubio explicó que una empresa privada colabora con el Gobierno de Estados Unidos para normalizar la economía local. Detalló que el acuerdo implica la participación directa del Departamento de Defensa, el cual dispone de una cuenta especial que le faculta para tomar posesión de un porcentaje determinado de estos activos. Este mecanismo está diseñado para aumentar la producción y atraer la inversión privada necesaria para desarrollar la capacidad productiva de los campos.
Según Rubio, la gran mayoría de los 17 campos petroleros incluidos en el convenio se encontraban anteriormente bajo control de entidades rusas y chinas. El acuerdo otorga a Estados Unidos acceso preferencial a estas zonas y contempla la toma de control de instalaciones que eran operadas por las mencionadas potencias.
En el ámbito legislativo venezolano, la aprobación del acuerdo no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunos legisladores de la oposición se abstuvieron durante la votación a mano alzada, manifestando la necesidad de conocer los términos escritos y la "letra pequeña" de la operación, según expresó el legislador Luis Emilio Rondon. Por el contrario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la medida cuestionando la utilidad del petróleo que permanece bajo tierra. En la misma línea, el ministro de Defensa, Gustavo González López, describió la operación como un camino hacia la prosperidad, asegurando que transformar una diferencia política en cooperación económica es una elección de paz y no un acto de subordinación.
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la inclusión del empresario Alejandro Betancourt, quien dirige North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda mayor petrolera privada de Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación del 35% en NABEP. A pesar de que Betancourt fue acusado previamente de participar en esquemas de corrupción vinculados a PDVSA durante el régimen de Hugo Chávez, un funcionario estadounidense defendió su rol calificándolo como un "operador probado". El funcionario admitió que la geopolítica puede exigir trabajar con personas "imperfectas", destacando que Betancourt ha sido útil para los intereses de Estados Unidos en el pasado.
De acuerdo con la Casa Blanca, NABEP concederá a Washington el derecho de comprar el 20% del petróleo producido al costo de producción. Además, para asegurar el control efectivo de la administración, la mayoría de la junta directiva de la empresa deberá estar compuesta por ciudadanos estadounidenses, y el Gobierno de Estados Unidos retendrá el poder de veto sobre los integrantes de dicho directorio. El objetivo es erradicar la corrupción en la industria y evitar que el petróleo sea utilizado como "caja chica" para beneficiar a Cuba.
Finalmente, el acuerdo se complementa con la previsión de que la petrolera Chevron anuncie este miércoles una ampliación significativa de sus operaciones en el país. Para la Administración Trump, la reducción del precio del crudo es una prioridad estratégica antes de las elecciones legislativas de noviembre, donde el Partido Republicano se juega el control del Congreso.
