Un regreso a clases marcado por la inseguridad y el miedo. Así se vive actualmente en la ciudad española de Ceuta, donde el inicio del curso escolar el próximo 8 de septiembre ha generado una fuerte polémica.
La tensión aumentó desde finales de julio, cuando alrededor de 70.000 migrantes cruzaron de forma irregular desde Marruecos. Aunque la mayoría regresó voluntariamente, el Gobierno de España estima que cerca de 5.000 personas permanecen en la ciudad, complicando la convivencia.
Marina Rovira, vecina de la localidad, describe la situación como "caótica e insegura". Relata que muchas mujeres evitan salir solas a la calle o lo hacen acompañadas y con spray de defensa personal. Esta sensación de peligro ha llevado a Rovira a iniciar una campaña en Change.org, que ya suma más de 5.500 firmas, solicitando que los colegios no abran hasta que se recupere la normalidad.
La crisis ha provocado incidentes graves, como el bloqueo del reparto de comida de la Cruz Roja y la quema de un asentamiento en la playa, a pesar del despliegue de 1.600 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ante esto, el Ministerio de Educación anunció que reforzará la seguridad en el transporte y los accesos escolares.
En el plano político, la oposición, liderada por Alberto Núñez-Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de inacción. Sánchez, por su parte, reconoció la dificultad de la situación, asegurando que actúan bajo el marco legal y respetando la dignidad humana.
Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advierte que el ritmo administrativo es insuficiente. Según Vivas, se tramitan entre 25 y 30 devoluciones diarias, una velocidad que, a su juicio, retrasaría la salida de los migrantes durante al menos un año.
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