¿Cómo se puede garantizar la independencia judicial en un sistema donde el 90% de los jueces son provisionales? Esta es una de las debilidades críticas que busca resolver el plan de reforma del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial en Venezuela.
El abogado constitucionalista y diputado de 2015, Rafael Veloz, detalló que este proceso tiene como objetivo corregir desviaciones institucionales y acercar la justicia a la ciudadanía. La transición comienza con la revisión del estatus de los 32 magistrados que integran la Sala Plena y la apertura de nuevas postulaciones, estrictamente bajo las normas de la Constitución.
Para asegurar la transparencia, se ampliará el Comité de Postulaciones y se creará una comisión especial de siete personas, quienes deberán cumplir los mismos requisitos que un magistrado para evaluar la probidad de los aspirantes. Además, la sociedad civil tendrá un rol activo al denunciar candidatos con antecedentes de violaciones a los derechos humanos o decisiones contrarias al ordenamiento jurídico.
Sobre la precariedad del sistema, Veloz señaló que la condición de provisionalidad de la mayoría de los jueces los hace vulnerables a directrices políticas. Para solucionar esto, se propone retomar los concursos de oposición establecidos en el artículo 255 de la Constitución.
La reforma también prevé saldar deudas con organismos internacionales de justicia y establecer responsabilidades legales para los funcionarios que hayan utilizado sus cargos para ejercer persecución política. Este proceso contará con la participación de la Federación de Colegios de Abogados y asistencia técnica de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados para capacitar a los nuevos magistrados.
El objetivo final es avanzar hacia un sistema judicial con independencia real, basado en credenciales y méritos profesionales. Siguenos en Noticias lat para más noticias.
