El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha solicitado formalmente a la Autoridad Marítima de Panamá, la AMP, que reevalúe una decisión que limita el acceso a información pública de la entidad.
El punto central de la controversia es la Resolución J.D. Número 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado 28 de agosto. A través de este instrumento legal, la AMP determinó que ciertos documentos y expedientes administrativos manejados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares mantendrán un carácter confidencial o de acceso restringido durante los próximos 10 años.
La autoridad marítima argumentó que esta medida es necesaria porque los expedientes contienen información técnica, contractual y comercial proporcionada por empresas privadas en el marco de sus relaciones con el Estado. Según la resolución, durante esta década de restricción, el acceso, la consulta o la reproducción de los documentos estará limitado exclusivamente a las autoridades competentes y a las partes debidamente acreditadas en los procedimientos administrativos correspondientes.
Sin embargo, el presidente Mulino expresó públicamente su desacuerdo con esta medida. El mandatario afirmó: “Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”.
La solicitud del presidente ocurre luego de que la resolución entrara en vigencia, generando atención debido a que los documentos afectados están relacionados con licencias, concesiones y actuaciones administrativas fundamentales para el sector marítimo y portuario nacional. Mientras la AMP fundamenta su acción en disposiciones legales de clasificación de información, el Ejecutivo insta a la entidad a revisar los criterios utilizados para restringir estos datos.
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