El Gobierno Nacional ha implementado una medida drástica para proteger la salud de los consumidores infantiles, prohibiendo de manera oficial la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento en todo el territorio del país de un tipo específico de juguetes blandos conocidos popularmente como "squeeze toy" o "squishy". La decisión surge tras detectar que estos productos podrían representar riesgos significativos para la salud debido a su composición química.
Esta restricción fue ratificada mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. A través de este instrumento legal, el Estado establece un marco restrictivo sobre la circulación de estos artículos en el mercado interno, priorizando la seguridad de los niños y niñas que manipulan estos objetos.
De acuerdo con lo establecido en la norma, la prohibición no es general para todos los juguetes blandos, sino que alcanza específicamente a aquellos "tipo squeeze toy/squishy" que consisten en figuras de polímero plástico blando con formas de "gyoza, dumpling o similares". El texto es preciso al señalar que la medida afecta a productos comercializados bajo denominaciones como "Squeezy Duplings", "Dumpling Squishy", "Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis", "Dumpling Squishy con Steamer Box", así como también a todas aquellas versiones genéricas sin marca declarada que presenten un formato similar.
Los fundamentos detrás de esta decisión gubernamental se basan en la recepción de diversas denuncias y la existencia de antecedentes relacionados con la comercialización de juguetes importados. Las investigaciones indican que estos productos contendrían sustancias peligrosas, específicamente benceno, ftalatos u otros químicos tóxicos, en porcentajes que superan ampliamente los límites permitidos por las normas técnicas de seguridad vigentes para este tipo de artículos.
La disposición advierte que la presencia de estas sustancias puede generar un perjuicio claro y concreto para la salud de los consumidores. El Gobierno subrayó que se trata de compuestos con propiedades cancerígenas y mutagénicas, los cuales podrían resultar peligrosos no solo si el juguete es ingerido, sino también a través del contacto dérmico o la inhalación de sus componentes.
Para respaldar esta medida, el documento cita una alerta emitida a principios de julio por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido. Dicho organismo detalló que el benceno presente en estos juguetes puede absorberse a través de la piel durante la manipulación normal del producto, eliminando la necesidad de que el niño se lleve el objeto a la boca para que ocurra la intoxicación. Asimismo, se advirtió que el contacto con estas sustancias puede provocar irritaciones en la piel, los ojos y la garganta.
Además de las alertas internacionales, el Gobierno tomó en cuenta las denuncias presentadas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las cuales fueron interpuestas antes del último Día del Niño. Estos reportes locales, sumados a los antecedentes del Reino Unido, impulsaron la necesidad de una intervención estatal inmediata.
En los considerandos de la disposición, se reveló que el Ejecutivo ya había implementado medidas preventivas previas. Estas incluyeron requerimientos de información, verificaciones de cumplimiento de normas técnicas de seguridad y la emisión de alertas dirigidas a la Dirección General de Aduanas. También se habían tomado acciones para intentar frenar la venta de estos juguetes a través de plataformas de intermediación digital. No obstante, el Gobierno determinó que la escala de comercialización y la facilidad de adquisición, tanto en locales físicos como en redes sociales y tiendas online, hacían imperativa una prohibición de alcance nacional.
La normativa es tajante respecto a las existencias actuales. Todos los importadores, fabricantes y comercializadores, ya sean mayoristas o minoristas, que tengan estos productos en su poder a la fecha de entrada en vigencia de la disposición, deberán proceder a su destrucción o desecho de forma segura e inmediata, siguiendo la normativa vigente.
En cuanto a la comunicación al consumidor, aquellos agentes comerciales que posean sitios web deberán informar los alcances de esta prohibición de manera destacada dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la vigencia de la norma.
Existe una única excepción: la medida no afectará a aquellos fabricantes, importadores o comercializadores que puedan presentar una declaración jurada de conformidad y las certificaciones correspondientes que aseguren la inocuidad del producto, demostrando que los mismos se ajustan estrictamente a la normativa técnica de seguridad en juguetes.
Finalmente, el Gobierno advirtió que cualquier infracción a esta disposición será sancionada bajo las penalidades previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas vigentes, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse del incumplimiento de la norma.
