Durante décadas, la política mexicana ha estado marcada por la presencia de los denominados "nepo babies", familiares de figuras en el poder que han sido objeto de controversias debido a sus nombramientos, actividades empresariales, viajes y, en algunos casos, vínculos con el crimen organizado. Una recopilación de casos evidencia que el uso de los vínculos familiares para acceder a beneficios ha trascendido gobiernos y colores partidistas.
Víctor Alarcón Olguín, doctor en Estudios Sociales y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que contar con un apellido reconocido en el ámbito político facilita el establecimiento de redes y conexiones. No obstante, advierte que el parentesco no es el único factor que explica el desarrollo de una carrera política.
En la administración más reciente, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador han estado bajo el escrutinio público. En 2022, organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus revelaron que José Ramón López Beltrán y su esposa residieron en Houston, Texas, en una propiedad conocida como la “Casa Gris”, perteneciente a un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que es contratista de Pemex.
Por otro lado, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han sido cuestionados por los negocios de Amilcar Olán, un allegado cuyas empresas obtuvieron contratos en el sector salud y obras públicas. Audios difundidos por medios de comunicación sugieren que Olán gestionó negocios de balasto para el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, atribuyendo dichas intervenciones a los hijos del entonces mandatario. Tras el sexenio, Andrés Manuel López Beltrán ingresó formalmente a la política, ocupando la Secretaría de Organización de Morena hasta mayo de 2026, para posteriormente buscar una diputación federal por Tabasco. Recientemente, generó polémica al anunciar la revocación de su visa estadounidense. Alarcón sostiene que la defensa del hijo del expresidente representa un costo político para Morena debido a sus posibles aspiraciones futuras.
A nivel estatal, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ha enfrentado señalamientos sobre los negocios de sus hijos, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz. Investigaciones de MCCI documentaron que empresarios asociados con ellos recibieron aproximadamente 15 millones de pesos en contratos del ayuntamiento de Culiacán, los Servicios de Salud estatales y el DIF Sinaloa, organismo dirigido por la hermana de los Rocha Ruiz. Entre las empresas señaladas se encuentran Verduras de El Dorado y Grupo Rofcar. En mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa solicitó una investigación formal sobre estos hechos.
En Sonora, el hijo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Alfonso Durazo Chávez, fue vinculado a la llegada de la empresa china Mainland Headwear a Agua Prieta. Latinus documentó su amistad con Alexander Ngan, directivo de la compañía, y su rol en un fideicomiso vinculado al proyecto que involucraba 150 hectáreas. Aunque el gobernador negó beneficios personales, confirmó la participación de su hijo, argumentando que dicha relación generó la confianza necesaria para la inversión.
El nepotismo también ha alcanzado esferas de seguridad. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, han sido acusados de liderar una red de huachicol fiscal. Mientras Manuel Roberto permanece preso, Fernando fue vinculado a proceso el pasado 27 de agosto tras ser trasladado desde Argentina.
Casos anteriores refuerzan este patrón. En Michoacán, Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, fue captado en un video en 2014 reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, lo que derivó en procesos judiciales por encubrimiento y delincuencia organizada. En Tabasco, Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador Andrés Granier, enfrentó acusaciones de defraudación fiscal antes de llegar al Congreso estatal como diputado del PRI.
La familia de Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, también fue investigada en 2005 por presunto tráfico de influencias en contratos con Pemex a través de Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca Sahagún. Asimismo, la organización NXIVM vinculó a Ana Cristina Fox y a Emiliano Salinas Occelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, quien dirigió el programa ESP en México durante 15 años.
Retrospectivamente, el sexenio de José López Portillo es citado como un punto crítico, donde su hijo José Ramón y otros familiares ocuparon cargos públicos sin criterios de meritocracia. Rogelio Hernández, analista de líderes políticos, puntualiza que el aprovechamiento de oportunidades basado en el apellido constituye un claro conflicto de interés.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma contra el nepotismo que prohíbe que personas con vínculos familiares cercanos compitan por cargos de elección popular si el familiar ocupa el puesto en los tres años previos. No obstante, estas modificaciones entrarán en vigor hasta el año 2030.
