La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha oficializado la declaratoria de alerta roja en las 24 provincias del Ecuador. Esta medida, implementada el sábado 29 de agosto de 2026, surge tras la confirmación del Comité Nacional ERFEN sobre la activación del fenómeno climático El Niño en el territorio ecuatoriano. La decisión representa el nivel más alto de preparación institucional frente a las amenazas ambientales que este evento conlleva.
La implementación de esta alerta responde a los datos técnicos recopilados en las últimas semanas, donde se ha registrado un fuerte calentamiento en las aguas del océano Pacífico. Los análisis realizados por los especialistas determinaron que se han cumplido estrictamente los criterios técnicos establecidos en el país para confirmar la presencia de El Niño. Debido a esto, el evento climático permanecerá bajo una vigilancia constante para monitorear su evolución y magnitud.
Es fundamental aclarar que la declaratoria de alerta roja no significa que se produzcan lluvias extremas de manera inmediata o simultánea en todo el territorio nacional. Por el contrario, este estado representa el máximo nivel de preparación y movilización de las instituciones del Estado. El objetivo primordial es obligar a las autoridades a anticiparse a los riesgos, permitiendo una respuesta coordinada ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otras emergencias habituales durante la temporada lluviosa.
Como consecuencia de esta medida, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) tanto a nivel provincial como cantonal han recibido la instrucción de reforzar sus planes de contingencia. Entre las acciones prioritarias se encuentra la identificación detallada de las zonas más vulnerables, la preparación de rutas y protocolos para posibles evacuaciones y la garantía de que los recursos necesarios estén disponibles y operativos para responder con rapidez ante cualquier afectación reportada.
El incremento de los niveles de prevención en Ecuador durante el año 2026 ha seguido una trayectoria progresiva. El proceso inició en el mes de mayo, cuando se estableció una alerta amarilla enfocada en los sectores considerados más vulnerables. Posteriormente, en julio, el nivel de riesgo se elevó a alerta naranja, abarcando 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. La actual transición a la alerta roja extiende la vigilancia y la preparación a la totalidad del país.
Esta escala de alerta nacional permitirá que tanto las instituciones locales como las nacionales intensifiquen las tareas preventivas. La meta es ejecutar las obras y preparativos necesarios antes de que lleguen los meses considerados más sensibles, que es cuando se espera un incremento significativo en las precipitaciones.
Desde el ámbito técnico, uno de los indicadores más críticos ha sido la temperatura del mar. Los reportes oficiales han registrado anomalías térmicas importantes frente a las costas de Ecuador y Perú, lo cual constituye una señal clara del fortalecimiento del fenómeno El Niño. Las autoridades han advertido que la evolución de este evento durante los próximos meses será el factor determinante para establecer la magnitud real de los impactos en la infraestructura y la población.
En el calendario de riesgos, se ha señalado que diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027 serán los periodos que requieran una vigilancia más rigurosa, ya que se prevé que sean los momentos de mayor intensidad climática.
Para enfrentar este escenario, el Gobierno ha informado que dispone de recursos distribuidos entre diversas instituciones para ejecutar acciones de prevención y respuesta. La planificación gubernamental es multisectorial e incluye obras de infraestructura, servicios de salud, educación, asistencia humanitaria y medidas de protección para las actividades productivas del país.
Finalmente, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha emitido una estimación preocupante: aproximadamente 1,3 millones de personas podrían verse afectadas por las consecuencias del fenómeno de El Niño. Ante esta cifra, la alerta roja se establece como la herramienta administrativa y operativa clave para que todas las instituciones actúen preventivamente antes de que las lluvias alcancen sus puntos más críticos.
