El Tribunal Penal Especializado en Delitos Corrupción y Crimen Organizado ha emitido una sentencia condenatoria contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien fue declarado culpable como autor directo del delito de comercialización ilegal de combustible. Este fallo judicial se produce en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en el denominado Caso Triple A, resultando en una pena privativa de libertad de seis años y ocho meses para la máxima autoridad municipal de la ciudad puerto.
La resolución del tribunal se basó en la aceptación de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el ente investigador, se demostró la existencia de un desvío sistemático de hidrocarburos que contaban con subsidio estatal, los cuales fueron desviados de su destino original para obtener beneficios económicos irregulares.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía determinó que Aquiles Alvarez no solo tenía un vínculo nominal, sino que ejercía un control directivo, accionario y operativo sobre el grupo empresarial relacionado con la red comercializadora. El fallo identifica específicamente a compañías como Copedesa, Corpalubri y Ternape como parte de la estructura utilizada para ejecutar estas actividades ilícitas.
Según lo detallado en la sentencia, la red operaba mediante un esquema de distribución irregular. El combustible subsidiado, el cual está destinado por ley a segmentos específicos de la población y actividades económicas reguladas, era desviado hacia fines comerciales no contemplados en la normativa nacional vigente. Esta maniobra generó un perjuicio económico directo al Estado ecuatoriano, al utilizarse fondos públicos destinados al subsidio para actividades lucrativas privadas.
Además de la condena impuesta al alcalde, los jueces ratificaron la responsabilidad penal de otras cuatro personas procesadas en este caso. Estos individuos fueron sentenciados en calidad de cómplices, recibiendo una pena de dos años y dos meses de prisión. En total, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de nueve personas y seis empresas involucradas en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el ámbito administrativo y corporativo, la sentencia fue severa con las entidades legales utilizadas para la operación. El tribunal dispuso la clausura definitiva y el inicio del proceso de disolución legal de seis personas jurídicas que formaban parte del grupo económico investigado, eliminando así su capacidad de operar en el mercado.
Por otro lado, el tribunal también resolvió ratificar el estado de inocencia de seis ciudadanos que habían sido investigados dentro del proceso. Los magistrados determinaron que no existía evidencia suficiente para acreditar la participación de estas personas en el comercio ilícito de combustibles. Como consecuencia de esta resolución, se ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares, tanto personales como reales, que habían sido impuestas sobre ellos desde que comenzaron las indagaciones.
Esta sentencia de primera instancia abre la posibilidad legal para que la defensa técnica de Aquiles Alvarez interponga los recursos de apelación correspondientes ante la Corte Nacional de Justicia, buscando revertir el fallo. Mientras se define el camino jurídico, la resolución ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre la estabilidad administrativa de la Alcaldía de Guayaquil.
El análisis legal sobre la continuidad de Alvarez en el cargo se centra en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este marco normativo establece causales específicas relacionadas con la pérdida o suspensión del cargo para ejecutivos seccionales en casos donde existan sentencias condenatorias ejecutoriadas.
El Caso Triple A se ha posicionado como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político e institucional en el ámbito seccional durante el año 2026. La conclusión de la etapa de juicio, reportada en la edición estelar del noticiero Televistazo de Ecuavisa, cierra un ciclo de indagaciones que se originaron tras las alertas de la Agencia de Regulación y Control de Energía. Dicha entidad había detectado inconsistencias significativas en los volúmenes de comercialización de derivados de petróleo, lo que dio pie a la intervención de la Fiscalía General del Estado.
