En una resolución emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha sido declarado culpable del delito de cohecho. El fallo judicial no solo alcanza al exmandatario, sino que extiende la responsabilidad penal a su núcleo familiar cercano, incluyendo a su esposa, su hija y dos de sus hermanos, en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado caso Sinohydro.
Esta trama de corrupción se encuentra vinculada a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una de las obras energéticas más significativas y controvertidas del país. De acuerdo con las determinaciones del tribunal, Lenín Moreno utilizó su posición y condición de vicepresidente de la República para llevar a cabo diversas actuaciones que facilitaron y viabilizaron el financiamiento de dicha obra.
La Fiscalía General del Estado sostuvo en su acusación que el exmandatario formó parte de una estructura organizada destinada a la recepción de sobornos. Según las investigaciones presentadas ante el tribunal, esta red habría recibido una suma aproximada de 76 millones de dólares en pagos irregulares vinculados a la empresa china Sinohydro, la entidad encargada de la ejecución de la central hidroeléctrica.
El proceso judicial es extenso y complejo, involucrando a un total de otras 19 personas adicionales. En cuanto a la responsabilidad penal de Lenín Moreno, la Fiscalía ha solicitado formalmente una pena de seis años y seis meses de prisión. Además de la privación de libertad, el organismo acusador ha pedido que se establezca una reparación integral al Estado ecuatoriano para resarcir los daños ocasionados por el esquema de corrupción.
La sentencia detalló que los recursos provenientes de este esquema investigado no se quedaron únicamente en manos del exgobernante, sino que llegaron a su entorno familiar. El tribunal evidenció que el flujo de dinero se realizó a través de un entramado que incluyó la creación de empresas, transferencias bancarias, el uso de cheques y diversas operaciones financieras efectuadas tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano.
En este sentido, el tribunal declaró la culpabilidad de otros procesados clave. Edwin y Guillermo Moreno, hermanos del expresidente, fueron señalados como cómplices en la trama. Del mismo modo, la sentencia alcanzó a Rocío González Navas, esposa del exmandatario, y a Irina Moreno González, su hija.
Un punto relevante de la sentencia es la aclaración de los magistrados sobre la naturaleza de estas condenas familiares. El tribunal subrayó que las sentencias contra la esposa, la hija y los hermanos de Moreno no se sustentaron únicamente en los vínculos de parentesco. Por el contrario, se basaron en el análisis de operaciones financieras concretas que, a criterio de los jueces, evidenciaron una cooperación consciente y activa en la circulación de los recursos ilícitos.
Por su parte, Lenín Moreno ha rechazado tajantemente todos los señalamientos en su contra. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el exmandatario afirmó que este proceso judicial carece de fundamento técnico y que responde a motivaciones estrictamente políticas. Durante su comparecencia, Moreno enfatizó su inocencia asegurando: “Yo no firmé en ningún momento, no hice ninguna gestión, no hice ninguna omisión, no hice ningún nombramiento que tenga relación con ese proyecto”.
Para contextualizar el caso, la controversia gira en torno a la contratación de la empresa Sinohydro para la edificación de la central Coca Codo Sinclair. El contrato original para esta obra fue suscrito en el año 2009, con un monto total de dos mil 247 millones de dólares.
Lenín Moreno, quien arribó a la sede de la Corte Nacional de Justicia acompañado de su esposa, posee una trayectoria política destacada en el país, habiéndose desempeñado como vicepresidente de Ecuador entre los años 2007 y 2013, y posteriormente ejerciendo la presidencia de la República durante el periodo comprendido entre 2017 y 2021.
Actualmente, la lectura de la sentencia continúa desarrollándose en la Corte Nacional de Justicia. El tribunal deberá completar el anuncio de todas las decisiones respecto a los procesados y, posteriormente, establecer las penas definitivas y las demás medidas legales correspondientes para cada uno de los involucrados en el caso.
