El Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas ha implementado una medida drástica para combatir el creciente hurto de aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos, un delito que las autoridades califican como un problema grave que impacta directamente en los servicios básicos de la población. La organización política anunció que se ha ordenado a la Policía Nacional Revolucionaria realizar revisiones exhaustivas de todo tipo de medios de transporte, incluyendo autos, motores, tractores y camiones, con el objetivo de detectar el uso ilegal de este componente lubricante.
La decisión fue comunicada por Pablo Santana Ramírez, miembro del Buró Provincial del PCC, durante una reunión sostenida mediante audioconferencia con directivos de organismos provinciales y autoridades municipales. Según detalló el funcionario, la responsabilidad de ejecutar estas inspecciones recaerá en la Comisión Provincial de Vialidad, un organismo multidisciplinario integrado por el Gobierno, la Dirección Provincial de Transporte y el Ministerio del Interior (MININT), entre otras entidades estatales.
Para garantizar la efectividad de la medida, las revisiones se llevarán a cabo en puntos estratégicos y lugares considerados proclives al delito dentro del territorio matancero. Un aspecto clave de esta operación es la incorporación de especialistas técnicos, quienes se encargarán de verificar la composición química de los combustibles y lubricantes utilizados por los vehículos inspeccionados, permitiendo así confirmar si se trata de aceite dieléctrico sustraído de la infraestructura eléctrica.
De acuerdo con el reporte del medio local TV Yumurí, esta campaña tiene como propósito fundamental enfrentar la sustracción ilegal de este aceite y mitigar su impacto negativo en el suministro de energía eléctrica, los sistemas de bombeo de agua y otros servicios públicos esenciales. Las inspecciones se extenderán a todos los sectores, iniciando el proceso con los medios de transporte de la Organización Básica Eléctrica provincial, lo cual se ha planteado como una medida de prevención interna desde el mismo organismo rector de la distribución eléctrica.
Las consecuencias para quienes resulten implicados en la receptación o el uso de este lubricante robado serán severas. Pablo Santana Ramírez enfatizó que las medidas disciplinarias aplicables incluyen el arresto inmediato del responsable y el decomiso del vehículo involucrado. Asimismo, las autoridades buscaron ampliar la vigilancia mediante la movilización de campesinos, integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), federadas y combatientes de la Revolución Cubana, con el fin de fortalecer la denominada "guardia revolucionaria" y fomentar el debate comunitario sobre este problema.
La gravedad de la situación en Matanzas es subrayada por datos publicados en el diario oficial Granma, el cual precisó que en esta provincia se concentra más del 50% de los robos de aceite dieléctrico a nivel nacional. Hasta la fecha, casi un centenar de transformadores han resultado dañados, generando pérdidas económicas que superan el medio millón de dólares solo en concepto de reposición de los equipos afectados.
A nivel nacional, las autoridades han vinculado directamente estos robos con la prolongación de los apagones que afectan al país. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio pasado que la cantidad de aceite sustraído es casi similar a la cantidad producida en el mismo período. El ministro subrayó que los daños causados por el robo de aceite son, en muchos casos, más críticos que las averías en las termoeléctricas, ya que la pérdida de un transformador puede dejar a comunidades enteras sin electricidad por periodos prolongados.
De la O Levy señaló que existen asentamientos poblacionales que han pasado hasta 105 días sin servicio eléctrico debido a que los transformadores afectados son modelos especiales o circuitos de voltajes antiguos, los cuales resultan muy difíciles de adquirir en la actualidad. El ministro recalcó que el robo es constante y afecta no solo la red general, sino también los transformadores destinados al bombeo de agua y a las máquinas de riego agrícola.
La respuesta judicial ante estos hechos ha sido contundente, ya que las autoridades procesan a los autores bajo el delito de sabotaje. Como ejemplo, la prensa oficial reportó que un individuo en el Consejo Popular Bungo, en Santiago de Cuba, fue condenado a 12 años de privación de libertad tras sustraer 102 litros de aceite, provocando un corte de servicio de 48 horas. De igual manera, la Fiscalía Provincial de Pinar del Río investiga hechos recientes de sustracción de petróleo como sabotaje, mientras que otros siete ciudadanos fueron condenados a penas de hasta 12 años de cárcel en juicios celebrados entre abril y mayo en Ciego de Ávila, Artemisa e Isla de la Juventud por robos de aceite y cables de alumbrado público.
