La estructura del sistema financiero ha dado un paso significativo con la implementación de una reciente reforma orientada al registro del ‘score’ crediticio, el cual es elaborado por los burós de crédito. Esta medida se presenta como una herramienta fundamental para avanzar hacia la inclusión financiera en el país, buscando que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a los beneficios del mercado formal.
Uno de los ejes centrales de esta reforma es la modificación del tiempo de exposición de las deudas e impagos. A partir de ahora, dicho periodo se ha acortado a los últimos dos años. Esta decisión técnica tiene como objetivo primordial mejorar el perfil crediticio de aquellas personas que, habiendo tenido dificultades financieras en el pasado, ahora necesitan ingresar o reinsertarse en el sistema financiero formal. Al limitar la visibilidad de los impagos antiguos, se otorga una oportunidad real de recuperación a los usuarios que buscan rehabilitar su historial.
Complementariamente, la reforma introduce un criterio innovador al sumar al historial crediticio el comportamiento en el pago de los servicios básicos. Esta adición permite que el buen cumplimiento en obligaciones cotidianas, que previamente no eran tomadas en cuenta por los burós de crédito, sirva como evidencia de solvencia y responsabilidad. De esta manera, se amplía la base de datos que define la confiabilidad de un solicitante, facilitando que personas que no tenían créditos previos, pero que son cumplidoras en sus servicios, puedan demostrar su capacidad de pago.
Sin embargo, a pesar de los beneficios teóricos de la propuesta, existen preocupaciones legítimas respecto a la operatividad de la norma. Si bien el reglamento rige desde el momento de su expedición, su aplicación técnica no será inmediata. Se ha establecido un cronograma de implementación escalonada que podría extenderse hasta en 18 meses para que las entidades pertinentes, como las superintendencias del ramo, puedan aplicarla plenamente.
Este desfase temporal entre la vigencia legal de la norma y su aterrizaje operativo en los burós de crédito representa un riesgo crítico. El hecho de que una disposición normativa tarde año y medio en ejecutarse técnicamente genera el peligro de que la medida se diluya o se trabe en los procesos administrativos. Para que la reforma cumpla su propósito, es imperativo que la transición técnica sea eficiente y no se convierta en un obstáculo que postergue los beneficios para el usuario final.
El trasfondo social de esta medida es combatir la precariedad financiera y el crecimiento de los mercados informales. La meta final es lograr que más ecuatorianos tengan acceso al crédito formal, ya que esta es la única vía efectiva para debilitar los métodos informales de préstamo, conocidos comúnmente como "chulco". Estos sistemas de préstamo informal, lejos de brindar una solución financiera, terminan hundiendo más a los solicitantes debido a la aplicación de intereses exagerados que vuelven la deuda impagable.
Para evitar que la población recurra a estas opciones peligrosas, las autoridades deben garantizar que el sistema formal sea accesible y dinámico. La reforma al score crediticio es la llave para abrir esa puerta, pero su éxito depende enteramente de la capacidad de ejecución del Estado y los organismos de control.
En conclusión, la reducción del tiempo de exposición de impagos y la inclusión de los pagos de servicios básicos son pasos correctos para fomentar la inclusión financiera. No obstante, la eficacia de estas medidas estará condicionada a que las autoridades apuesten por una aplicación controlada e inmediata, evitando que los plazos de implementación técnica neutralicen el impacto positivo de la reforma sobre la economía de los ciudadanos.
