El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha confirmado la deportación a Venezuela de Rafael José Quero Silva, un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Las autoridades estadounidenses señalan al exmilitar por su presunta participación en graves abusos cometidos contra manifestantes durante las protestas ocurridas en el año 2013, en el marco de las tensiones políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La medida de deportación se hizo efectiva el pasado 18 de agosto, luego de que un juez emitiera la orden correspondiente. Según la información suministrada por ICE, Quero Silva había sido arrestado previamente el 27 de febrero de 2025 en la ciudad de Miramar, Florida. El proceso culminó con el retorno forzoso del exoficial a su país de origen.
De acuerdo con reportes de diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas y medios locales, Rafael José Quero Silva ostentaba el rango de teniente coronel y se desempeñaba como comandante del Destacamento 47 de la GNB en Barquisimeto, estado Lara, en la región centro occidente de Venezuela. Fue precisamente durante su mando en dicha unidad que se habrían producido los hechos que motivaron su expulsión de territorio estadounidense.
El ICE fue categórico al detallar que existen informes que indican que, durante el año 2013, Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. El organismo estadounidense especificó que, mientras estas personas se encontraban bajo la custodia del Destacamento 47, fueron sometidas a brutales tratos que incluyeron descargas eléctricas, fuertes golpizas con el uso de bastones y botellas de agua congeladas. Asimismo, se describieron amenazas de violación y diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual.
Por su parte, la defensa de Quero Silva ha mantenido una postura opuesta a los señalamientos. Eduardo Pereira, abogado del exmilitar en su proceso migratorio, ha rechazado las acusaciones en declaraciones previas. En una entrevista concedida al Miami Herald, Pereira afirmó que su cliente ha sostenido consistentemente que nunca persiguió a ninguna persona ni autorizó abusos de ningún tipo. Según el abogado, Quero Silva habría castigado a los responsables cada vez que tuvo conocimiento de alguna conducta indebida, buscando detener tales acciones. Hasta el momento, CNN ha solicitado comentarios adicionales a Pereira, quien aún no ha respondido.
En paralelo, la organización no gubernamental Funpaz, que brinda acompañamiento a las víctimas de la represión en el estado Lara, manifestó que la deportación de Quero Silva no anula ni afecta el derecho fundamental de las víctimas a buscar justicia por los hechos ocurridos.
Respecto a su situación migratoria, el ICE informó que Rafael José Quero Silva ingresó a los Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami. Sin embargo, la agencia señaló que el exoficial no abandonó el país conforme a los términos establecidos en su admisión, lo que contribuyó a su situación irregular.
La operación que llevó a la deportación fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre varias entidades, incluyendo el ICE Miami, las Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.
El contexto de estos señalamientos se remonta a las protestas de 2013, que estallaron tras las elecciones presidenciales del 14 de abril. Estos comicios se realizaron poco después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, quien había designado a Nicolás Maduro como su sucesor. Aunque Maduro fue declarado ganador frente al candidato opositor Henrique Capriles por un margen estrecho, la oposición cuestionó los resultados y denunció irregularidades, lo que derivó en manifestaciones masivas en diversas ciudades del país.
Aquellas jornadas poselectorales estuvieron marcadas por denuncias de detenciones arbitrarias y abusos. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron en su momento que diversas entidades locales reportaron el uso excesivo de la fuerza, torturas y violaciones al debido proceso en varios estados venezolanos.
Ante estas situaciones, el Gobierno de Venezuela ha insistido reiteradamente en que se respetan los derechos humanos y el debido proceso de todas las personas detenidas en el país. En relación con este caso específico, CNN ha contactado al Ministerio Público de Venezuela para indagar sobre la existencia de investigaciones abiertas contra Quero Silva, así como al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Minci) y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quedando a la espera de sus respuestas.
