En una iniciativa que busca transformar la estructura actual del mercado energético, los senadores Ernesto Suárez, Branko Marinkovic y Kathia Quiroga, pertenecientes a la bancada de la alianza Libre, presentaron formalmente este miércoles un proyecto de ley destinado a liberalizar la importación de combustibles en el país. La propuesta legislativa tiene como eje central viabilizar la participación de actores privados en un sector que, hasta el momento, ha estado bajo un control estatal riguroso.
El propósito fundamental de este proyecto, según detalló el senador Ernesto Suárez, es abrir el mercado para permitir la libre importación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de los carburantes. De acuerdo con la visión de los legisladores proponentes, la meta es eliminar las restricciones vigentes y, especialmente, suprimir la intermediación obligatoria del Estado en estas transacciones.
Actualmente, el sistema de abastecimiento de combustibles se encuentra concentrado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad que centraliza tanto la toma de decisiones como la logística de provisión. La propuesta de la alianza Libre sostiene que este modelo de concentración es el que debe ser modificado para dar paso a un sistema donde la oferta no dependa de un único operador estatal.
Uno de los puntos más destacados y disruptivos de la propuesta es la creación de un régimen tributario especial. Para asegurar que la entrada de privados sea económicamente viable, el proyecto de ley plantea una reducción significativa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), proponiendo que este baje del 13% actual al 3% para las operaciones de importación privada. Los senadores argumentan que este incentivo fiscal es necesario para promover una mayor oferta y fomentar la competencia en el mercado, lo que, en última instancia, debería traducirse en precios más accesibles para la población general.
Este movimiento legislativo no ocurre en el vacío, sino que surge en un contexto de crisis de abastecimiento que ha afectado la provisión de gasolina y diésel durante los últimos meses. Esta situación ha llevado al Gobierno a adoptar diversas medidas durante el año 2026 con el fin de ampliar la participación del sector privado en la provisión de estos insumos básicos.
Como antecedente directo, se recuerda que en enero el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 5517, el cual autorizó de manera excepcional la importación privada de combustibles. En aquel momento, el argumento oficial fue la necesidad de reducir el riesgo de desabastecimiento y generar condiciones de competencia en el mercado. Asimismo, el Gobierno implementó flexibilizaciones en los mecanismos para la importación de petróleo destinado a las refinerías nacionales.
Sin embargo, la iniciativa presentada por Suárez, Marinkovic y Quiroga sostiene que las medidas excepcionales no son suficientes ni sostenibles a largo plazo. El proyecto de ley busca trasladar esa apertura temporal hacia un cambio estructural y permanente del mercado. El objetivo es que la participación de las empresas privadas deje de depender de decretos coyunturales o medidas de emergencia y pueda desarrollarse de manera estable en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la adquisición en el exterior hasta la comercialización final.
La relevancia de este debate se ha intensificado debido a las presiones ejercidas por diversos sectores productivos y empresariales. Estos grupos han reclamado reiteradamente la implementación de medidas que garanticen un suministro regular de carburantes, subrayando el riesgo que representa la dependencia absoluta de un solo operador para el funcionamiento de la economía y la producción nacional.
Con la presentación de este proyecto, la alianza Libre plantea un camino donde la competencia y la reducción de la carga impositiva sean las herramientas para solventar las dificultades de provisión que han marcado el panorama energético reciente.
