El Estado argentino ha logrado recaudar la suma de $5.381 millones durante el año 2026 mediante la aplicación de multas a embarcaciones extranjeras dedicadas a la pesca ilegal. Este monto, que ya ha sido efectivamente cobrado por el Tesoro Nacional, es el resultado de sanciones impuestas a cuatro buques pesqueros que fueron detectados operando sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país. La información fue revelada en el último balance difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía.
Los procedimientos administrativos que derivaron en estos cobros se iniciaron contra cuatro embarcaciones específicas. Entre ellas se encuentran el Hai Xiang 2, el Bao Feng y el Bao Win, todos ellos registrados bajo la bandera de Vanuatu, así como el buque Coimbra, que navega bajo bandera de Portugal. Para lograr la identificación y documentación de estas infracciones, las autoridades nacionales han implementado una estrategia que combina el patrullaje físico realizado por la Prefectura Naval Argentina con el uso de herramientas de inteligencia electrónica.
El uso de datos electrónicos ha permitido reconstruir con precisión los recorridos de los buques, aportando evidencia técnica fundamental para los expedientes administrativos. Un ejemplo destacado es el caso del Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado el pasado 17 de abril. Los registros electrónicos ubicaron a esta embarcación aproximadamente 700 metros dentro de la ZEE argentina. En ese momento, el buque avanzaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos, y el análisis de su trayectoria reveló movimientos que las autoridades consideraron compatibles con una operación de pesca por arrastre.
Este caso particular resultó relevante debido a la implementación de nuevos criterios electrónicos durante el presente año. Gracias a la información obtenida a través del Sistema Guardacostas, el Estado pudo sostener el expediente sancionatorio sin la necesidad de sorprender físicamente al barco con las redes desplegadas en el momento de la infracción.
En cuanto a los buques de bandera de Vanuatu, el Hai Xiang 2 protagonizó el procedimiento más reciente de los cuatro informados. La empresa propietaria de este buque fue sancionada con un monto de $1.833 millones, cifra que equivale a un millón de Unidades de Pesca. El seguimiento de esta embarcación comenzó en marzo, cuando los registros indicaron que navegaba a una velocidad media cercana a los 4,3 nudos, manteniendo patrones de desplazamiento compatibles con la actividad pesquera dentro de la jurisdicción argentina.
Por su parte, el Bao Feng fue detectado el 10 de enero dentro de la ZEE. Los registros de ese día situaron al pesquero realizando una maniobra de arrastre a una velocidad inferior a los seis nudos. Ante esta evidencia, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia que culminó en una sanción superior a los $1.262 millones, a lo que se sumaron gastos operativos que ascendieron a más de $799.000. Cabe destacar que este buque fue observado posteriormente en otra situación considerada irregular. Asimismo, el balance oficial incluyó al Bao Win, otro buque de Vanuatu, cuyos desplazamientos a baja velocidad y movimientos reiterados fueron catalogados como compatibles con tareas extractivas no autorizadas.
Todo este marco operativo se sustenta en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, dictada en febrero. Esta norma fijó los parámetros técnicos para identificar, mediante registros electrónicos, aquellos comportamientos que pudieran corresponder a pesca no autorizada. El Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina permite analizar variables como la velocidad, el rumbo, la permanencia y las maniobras de cada embarcación, otorgando valor probatorio a estos datos incluso después de que el pesquero haya abandonado las aguas jurisdiccionales argentinas.
Estas medidas electrónicas complementan la vigilancia presencial de la Prefectura Naval y las Fuerzas Armadas. Durante 2026, el Comando Conjunto Marítimo llevó a cabo las operaciones denominadas Mare Nostrum, utilizando buques y aeronaves de la Armada Argentina para controlar la ZEE y las flotas extranjeras en las proximidades.
El Gobierno ha sido claro en diferenciar las incursiones dentro de la ZEE de la actividad en alta mar, que comienza más allá de las 200 millas náuticas. Si bien la pesca en aguas internacionales puede generar problemas de sostenibilidad o ser no declarada, no constituye automáticamente una infracción a la jurisdicción argentina. Sin embargo, la denominada "milla 201" sigue siendo un punto crítico de atención, ya que muchas embarcaciones operan justo en el límite. El desafío para Argentina radica en identificar rápidamente cualquier ingreso a su zona y reunir pruebas suficientes para aplicar sanciones. Esta vigilancia es crucial para la protección de especies migratorias, como el calamar Illex argentinus, que se desplaza entre aguas argentinas, alta mar y los espacios marítimos cercanos a las Islas Malvinas.
Finalmente, el balance oficial precisa que la suma de $5.381.374.680 corresponde a compensaciones ya recibidas por el Estado. Este monto podría aumentar antes de que finalice el año si se concretan nuevos procedimientos y sanciones. El resultado de 2026 refleja un cambio en la fiscalización, orientando los esfuerzos no solo hacia la detección de incursiones, sino hacia el recupero efectivo de recursos mediante evidencia técnica sólida.
