En un operativo judicial de gran escala, la Justicia ordenó la detención de 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) imputados por presuntos delitos de tortura, tormentos físicos y abusos sexuales cometidos contra internas de la Unidad Penal N°51, ubicada en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada del martes en diversas dependencias penitenciarias del territorio bonaerense, marcando un avance significativo en una investigación que se inició en el mes de junio.
El operativo, que incluyó allanamientos en los domicilios de los detenidos, fue avalado por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata. Según informaron fuentes judiciales, el objetivo primordial de estas medidas fue asegurar la preservación de las pruebas ya incorporadas a la causa y poner a disposición del sistema judicial a las personas señaladas en el expediente. Se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las declaraciones indagatorias de los acusados, quienes enfrentan cargos graves según su grado de participación en los hechos.
La causa tuvo su origen en una denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata. Los hechos que se investigan habrían tenido lugar entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. El detonante de los incidentes fue una pelea ocurrida entre dos internas dentro del establecimiento penitenciario, situación que derivó en una intervención del personal del SPB que, según la acusación, excedió cualquier protocolo de seguridad y derivó en agresiones sistemáticas.
De acuerdo con los detalles de la denuncia, el personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones utilizando gas pimienta en espacios cerrados y bloqueando deliberadamente las salidas, dejando a las internas atrapadas. Asimismo, se sostiene que las mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a agentes masculinos. Ante la resistencia de las detenidas, el personal habría implementado diversas prácticas de tortura física.
La gravedad de las imputaciones alcanza a personal de diversos rangos dentro de la estructura jerárquica de la Unidad Penal N°51. Entre las mujeres detenidas se encuentran Daiana Belén Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento; María Belén Toledo, subjefa de Vigilancia; Daiana Ayelén Villafañe, coordinadora de Régimen Abierto; Antonela Belén Cingolani, jefa de Requisa; Agustina Ailén Orona, encargada de Turno; Florencia Anahí Ortiz, inspectora de Vigilancia; Raquel Noemí Boccardo, enfermera; y Gisela Mailín Iguarán, personal de Guardia.
En cuanto al personal masculino arrestado, la lista incluye a altos mandos y agentes operativos: Carlos Miguel Tocci, subdirector de Seguridad; Juan Manuel Villena, subdirector de Régimen; Miguel A. Eduardo Villota, subdirector de Inclusión; Facundo Sebastián Medina, jefe de Turno; y los agentes Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juajena.
La Fiscalía ha diferenciado las responsabilidades individuales, señalando a los acusados como autores, coautores o partícipes necesarios de torturas y abusos sexuales agravados. Por ejemplo, Daiana Belén Balmaceda está sindicada como autora de torturas contra tres víctimas y coautora de abuso sexual agravado, dada su condición de personal de fuerzas de seguridad. Por su parte, María Belén Toledo está acusada por hechos cometidos contra cuatro víctimas, mientras que Daiana Ayelén Villafañe es señalada por torturas y como partícipe necesaria de abusos sexuales agravados.
Respecto a los hombres, Carlos Miguel Tocci es acusado como partícipe necesario de torturas contra cuatro internas y por su intervención en abusos sexuales. Juan Manuel Villena está señalado por hechos contra una detenida, y Miguel A. Eduardo Villota es acusado por episodios que habrían afectado a cuatro internas. Asimismo, los agentes Dama, Salice y Juajena se encuentran investigados por torturas y distintos grados de participación en abusos sexuales agravados.
Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense como el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires han mantenido una actitud colaborativa, aportando toda la documentación requerida para el avance del proceso. Debido a esta cooperación, se prevé que el expediente avance con celeridad para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los 15 agentes implicados en los hechos denunciados en el penal de Magdalena.
