La jornada del 26 de agosto de 2026 estuvo marcada por resoluciones judiciales determinantes y operativos policiales en distintos puntos del país, destacándose el cierre del juicio oral y público relacionado con el asesinato de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo, así como la captura de un exfuncionario corrupto y el desmantelamiento de una red de microtráfico en Villa Elisa.
En Coronel Oviedo, el Tribunal de Sentencia dictó el fallo final para cinco adultos procesados por diversos hechos vinculados al crimen de María Fernanda Benítez. La última sesión inició con las declaraciones finales de los acusados, quienes en su mayoría solicitaron su absolución, argumentando que no tuvieron participación en el hecho punible. En un momento de tensión emocional, la madre del principal sospechoso pidió una condena mínima de un año de prisión, mientras que el padre del joven solicitó perdón a los progenitores de la víctima, manifestando que jamás habrían permitido el acontecimiento si se hubieran percatado de la situación.
Por el contrario, la familia de la víctima expresó su profundo rechazo a las condenas. Leandro Benítez, padre de María Fernanda, había solicitado que todos los adultos implicados fueran condenados a cadena perpetua. Tras conocerse el fallo, manifestó su inconformidad, señalando que, aunque debe aceptar la decisión, no está satisfecho debido a que diversas evidencias fueron eliminadas y no pudieron ser recuperadas. En la misma línea, Nilda Martínez, madre de la joven, calificó la sentencia como insuficiente, afirmando que esperaba la pena máxima de 30 años debido a la gravedad de los hechos.
En cuanto a las sentencias específicas, Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo fue hallada culpable en calidad de instigadora y cómplice, recibiendo una condena de 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito. Por su parte, Ricardo Villamayor, suegro del principal sospechoso, fue condenado por mayoría a tres años de prisión por frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias, al haber manejado información sobre el crimen sin formalizar la denuncia.
Asimismo, el farmacéutico Franco Antonio Acosta Céspedes ligó cinco años de prisión. La culpabilidad de Acosta radica en la venta de una pastilla abortiva al autor material del crimen, además de no haber denunciado dicho hecho. Finalmente, los padres del principal sospechoso fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión, luego de ser procesados por presentar una denuncia falsa sobre la desaparición de su hijo y por exposición al peligro en el tránsito terrestre, al haber permitido que el adolescente condujera una motocicleta.
En otro ámbito judicial, en Asunción, agentes del Departamento de Búsqueda de Prófugos, dependiente de la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo, procedieron a la detención de Gustavo Venancio Gamarra Irrazábal, de 59 años. El exfuncionario del Ministerio de Justicia y Trabajo fue localizado alrededor de las 11:30 horas sobre la calle Simón Bolívar casi Parapití, en el barrio General Díaz.
Gamarra Irrazábal contaba con una orden de captura vigente desde el 7 de agosto, producto de una condena de cinco años de cárcel por cohecho pasivo, emanada del Juzgado de Ejecución Penal. Según los antecedentes, el exfuncionario aprovechó su designación como juez instructor en un sumario administrativo para exigir sumas de dinero a la víctima a cambio de resoluciones favorables, llegando incluso a amenazar con provocar el despido de quien no accediera a pagar las coimas.
Finalmente, en la ciudad de Villa Elisa, un operativo preventivo del Grupo Lince terminó con la detención de dos presuntos repartidores de sustancias prohibidas. Víctor Ramón Báez Mora, de 27 años, y Pablo Daniel Vera Gómez, de 21 años, fueron interceptados sobre la avenida Von Poleski esquina Américo Picco mientras realizaban entregas de estupefacientes en motocicleta.
Durante el cateo corporal, los agentes hallaron 23 bolsitas de cocaína ocultas en el bóxer de los sospechosos. Tras la intervención del Departamento de Antinarcóticos y la realización del narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína pura con un peso total de 21 gramos. Además de la droga, las autoridades incautaron una motocicleta, tres teléfonos celulares utilizados para coordinar con los clientes y diversas sumas de dinero en moneda nacional y extranjera. Ambos detenidos quedaron a disposición del fiscal antidrogas Ranulfo Arnaldo Venialgo.
