Las procuradurías generales del Gobierno de Roraima y de la Asamblea Legislativa (ALE-RR) han interpuesto recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el objetivo de revertir la medida cautelar que permite la candidatura del exdiputado estatal Jalser Renier (PSDB) para las elecciones de 2026. La disputa legal se centra en la validez de la cassación del mandato de Renier, ocurrida en 2022, y su impacto en la elegibilidad del político.
El Gobierno del Estado, a través de un pedido de agravo interno, ha solicitado formalmente la reconsideración de la decisión emitida por el ministro Nunes Marques. El Ejecutivo busca que el recurso sea analizado de manera colegiada por la Corte. Por su parte, la Asamblea Legislativa presentó una solicitud de impugnación de la liminar, insistiendo en que se deben mantener los efectos de la cassación de Renier, lo que lo dejaría fuera de la contienda electoral.
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha fundamentado su postura advirtiendo que permitir la participación de un candidato inelegible representa un riesgo "gravísimo e irreparable". Según el organismo, existe la posibilidad de que el resultado de las urnas sea alterado posteriormente si el STF confirma la pérdida del mandato, lo que podría desencadenar un "tumulto institucional incalculable". Asimismo, la PGE sostiene que el Poder Judicial no debe anular la cassación aprobada por el Legislativo, citando una normativa del propio Supremo que prohíbe a los jueces interferir en decisiones internas del Poder Legislativo.
Además de los riesgos institucionales, la procuraduría señala fallas graves en el proceso impulsado por Jalser Renier para revertir su sanción. El documento técnico explica que la solicitud presentada ante el STF tiene como propósito únicamente reabrir el proceso en la justicia local, careciendo de la facultad para devolver el mandato o autorizar el registro de la candidatura de forma directa. El procurador general, Paulo Luis de Moura Holanda, subrayó que la liberación del candidato atropelló los plazos legales, especialmente considerando que existe un recurso pendiente de juicio en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Holanda enfatizó que el STF no posee la competencia para reexaminar pruebas con el fin de modificar sanciones parlamentarias que se consideran válidas.
En sintonía con el Gobierno, la procuraduría de la Asamblea Legislativa argumentó que el pedido de Renier debería haber sido dirigido al Tribunal Superior Electoral (TSE) y no al Supremo Tribunal Federal. Los procuradores generales de la ALE-RR, Sérgio Mateus y Eduardo Santiago Marinho, destacaron la falta de envío de la petición recursal al Supremo y la existencia del recurso pendiente en el STJ. Los representantes del Legislativo cuestionaron que, tras cuatro años de litigio en múltiples instancias sin éxito en anular la cassación, el exparlamentario pretenda que el STF suspenda provisionalmente un acto del Poder Legislativo basado en normas "interna corporis" cuya legalidad ha sido reafirmada en repetidas ocasiones.
Ante estas acciones legales, la coordinación de la campaña de Jalser Renier emitió un comunicado afirmando que recibió las noticias con "serenidad". La defensa del candidato aboga por el mantenimiento de la decisión del ministro Nunes Marques, argumentando que la cassación de 2022 no respetó el debido proceso legal, el derecho al contradictorio ni la amplia defensa, señalando que no se le aseguró una defensa técnica adecuada. Por ello, sostienen que existe una alta probabilidad jurídica de que el proceso de cassación sea declarado nulo.
La campaña de Renier calificó la reacción del Gobierno y la Asamblea como algo "esperado", afirmando que esto confirma la falta de imparcialidad que habría marcado el proceso de cassación desde su origen. El comunicado sostiene que la resistencia de quienes condujeron el proceso no constituye un argumento jurídico y que el STF juzgará la legalidad del rito y no voluntades políticas.
Finalmente, el equipo de Jalser Renier recordó la trayectoria del político, quien obtuvo siete mandatos consecutivos como diputado estatal y fue el candidato más votado del estado en las dos últimas elecciones disputadas. La defensa concluyó reafirmando la confianza en la idoneidad del Supremo Tribunal Federal como guardián de la Constitución y del Estado Democrático de Derecho, asegurando que ningún proceso debe producir efectos cuando ha tramitado al margen de la ley.
