En una maniobra que prolonga el control territorial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), más de 6,000 autoridades municipales de Nicaragua permanecerán en sus cargos hasta el año 2029. Esta medida, impulsada por el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de un nuevo "parche" a la Constitución Política, implica que 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6,014 concejales —entre propietarios y suplentes— vean extendidos sus períodos a un total de siete años a partir de su último nombramiento.
La confirmación de esta prórroga llegó a través de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, quien durante un proceso de consultas con las alcaldías señaló que las elecciones municipales, que ya habían sido pospuestas previamente, se realizarán ahora hasta 2029. Esta decisión anula la posibilidad de un proceso electoral en 2026, el cual ya se había desplazado dos años debido a una reforma constitucional realizada en 2025 que extendió los periodos de cuatro a seis años.
El malestar ante esta permanencia es evidente entre los propios trabajadores públicos de las alcaldías. Rodrigo, un empleado técnico con más de 20 años de experiencia en una municipalidad del sur del país, describe la gestión de sus autoridades actuales como un "fracaso". Según Rodrigo, la alcaldesa en funciones carece de conocimientos en gestión municipal y, a pesar de haber sido mal evaluada en auditorías y haber estado al borde de la destitución, se mantiene en el cargo gracias al respaldo del partido. El trabajador señala que los concejales se limitan a votar lo que ordena el secretario político del FSLN, mientras que el vicealcalde tiene una función meramente protocolaria.
Desde el norte del país, Elena, otra funcionaria municipal, manifiesta que la alternancia en los cargos públicos es fundamental para la salud de cualquier administración. Sostiene que la ciudadanía ha perdido la oportunidad de evaluar las gestiones y decidir sobre nuevos liderazgos, ya que las elecciones en Nicaragua han dejado de existir en la práctica. Para Elena, la prolongación de los mandatos genera conformismo y limita la renovación de propuestas para atender las necesidades reales de la población, asegurando que muchos de los alcaldes reelegidos no obtendrían ni la mitad de los votos que tuvieron en el pasado.
La situación es similar en el suroriente, donde Karen, una trabajadora municipal, califica el ambiente laboral como "deprimente". Denuncia la existencia de un círculo de leales que son premiados por las autoridades, mientras que las obras públicas son escasas y de mala calidad. Karen revela que, aunque auditorías de la Procuraduría General de Justicia han encontrado irregularidades y malos manejos de fondos, el régimen tiende a proteger a los alcaldes para evitar escándalos que involucren al partido.
El análisis técnico de Silvio Prado, politólogo y municipalista, indica que el problema central no es la reelección en sí, sino la falta de rendición de cuentas. Prado afirma que la reelección queda "desnaturalizada" cuando los ciudadanos no tienen la posibilidad de exigir cuentas a sus autoridades. Además, describe el sistema como un "dedazo", donde los alcaldes no deben su puesto a la población, sino a la estructura vertical del FSLN, lo que permite que el régimen los nombre o los destituya según su conveniencia.
Esta dinámica de control absoluto se refleja en las cifras. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, al menos 33 alcaldes y cinco vicealcaldes de 28 municipios fueron destituidos sin explicaciones oficiales. Asimismo, reportes de Urnas Abiertas indican que en la última década, más de 300 funcionarios municipales fueron implicados en casos de malversación y desvío de fondos públicos por la Contraloría General de la República, quedando la mayoría en la impunidad.
Finalmente, testimonios como el de Jaime, trabajador de una alcaldía en el occidente, subrayan que la gestión municipal ha empeorado y que el desarrollo del pueblo se ha estancado, limitando los beneficios a los militantes del partido. Según Jaime, las alcaldías han perdido el afecto de la población, y las actividades organizadas cuentan con una participación mínima, exceptuando las fiestas patronales, evidenciando el distanciamiento entre las autoridades y la ciudadanía.
