El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, ha intensificado en los últimos días sus críticas hacia el senador Flávio Bolsonaro y el entorno político del expresidente Jair Bolsonaro. Al frente de la política económica del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Durigan ha asumido un rol dual, actuando no solo como el gestor de las finanzas públicas, sino también como uno de los principales portavoces del Planalto en el complejo embate electoral centrado en la economía.
Una de las confrontaciones más recientes ocurrió la semana pasada, cuando el ministro calificó como "balela" una propuesta discutida por el equipo económico de Flávio Bolsonaro para el control del gasto público. Dicha iniciativa, impulsada por la coordinadora económica de la campaña, Daniella Marques, sugería la creación de un consejo fiscal, aunque se ha observado que esta idea no figura formalmente en el plan de gobierno. Al respecto, Durigan cuestionó la credibilidad de tal propuesta en una entrevista concedida a la CBN, señalando que no es creíble proponer medidas de control mientras se mantienen ataques constantes a los demás Poderes y un irrespeto institucional generalizado.
En el ámbito de la inflación, el ministro vinculó parte de la presión actual sobre los precios al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según las declaraciones de Durigan, este enfrentamiento contó con el apoyo del bolsonarismo, lo que impactaría directamente en la economía interna. El ministro fue tajante al afirmar que el aumento de precios en el país no es consecuencia del gasto gubernamental actual, sino de la guerra promovida por el gobierno de Estados Unidos en Irán y respaldada por el sector bolsonarista.
Los datos respaldan la relación entre la geopolítica y la inflación. De acuerdo con el IBGE, el IPCA acumuló una alta del 4,44% en los 12 meses hasta julio. Durigan relaciona este movimiento específicamente con la valorización del petróleo derivada del conflicto. Las cifras muestran que, antes del inicio de la guerra el 28 de febrero, el barril de Brent se negociaba cerca de los 70 dólares; sin embargo, durante los ataques alcanzó los 120 dólares, situándose el pasado viernes en 94,17 dólares.
Otro eje central de las críticas del ministro es la gestión regulatoria del gobierno de Jair Bolsonaro. Durigan denunció la existencia de una "anarquía regulatoria", especialmente en los sectores de las empresas de apuestas y las fintechs. El ministro sostuvo que esta falta de control, promovida tanto por la administración anterior como por el Banco Central de aquel periodo, generó consecuencias graves para el país. Para ejemplificar esta situación, citó casos específicos como los de Banco Master, Reag y la denominada Operación Carbono Oculto.
La Operación Carbono Oculto, deflagrada en agosto del año pasado por la Policía Federal, la Receita Federal y el Ministerio Público de São Paulo, investigó un esquema multimillonario de sonegación fiscal y lavado de dinero vinculado al grupo criminal PCC, en el cual participaron diversas fintechs. Como respuesta a este escenario, Durigan ha impulsado medidas de mayor control sobre las empresas de apuestas y ha participado activamente en la implementación del programa Novo Desenrola Brasil.
En cuanto a su trayectoria, Dario Durigan cumplió el pasado 20 de agosto cinco meses al frente del Ministerio de Hacienda. Asumió la cartera tras la salida de Fernando Haddad, quien se postuló como candidato al gobierno de São Paulo. Antes de ser ministro, Durigan se desempeñaba como secretario ejecutivo de la pasta. Su perfil profesional incluye una formación en Derecho por la USP, una maestría por la UnB y una carrera como servidor de la Advocacia-Geral da União. Tanto en el Congreso como en el mercado financiero, es percibido como el nombre que garantiza la continuidad de la política económica del gobierno Lula.
No obstante, el gobierno no está exento de cuestionamientos respecto a su situación fiscal. Según datos del Banco Central, la deuda bruta ha alcanzado el 81,9% del PIB, mientras que el déficit primario para 2025 se situó en 61,7 mil millones de reales. Para el año 2026, la administración ha fijado una meta de superávit del 0,25% del PIB, lo que equivale a 34,2 mil millones de reales, con un margen que permite considerar la meta cumplida incluso en caso de equilibrio fiscal. Para los años siguientes, las proyecciones son más ambiciosas, apuntando a un superávit del 0,50% del PIB en 2027 y del 1% en 2028.
