La crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Venezuela ha trascendido el desplazamiento humanitario para transformarse en uno de los escenarios más críticos de criminalidad organizada y violencia de género en América Latina. Un reciente informe elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, el cual ha sido ratificado por el comité de expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), revela la existencia de una maquinaria sistemática de trata con fines de explotación sexual que opera en los pasos fronterizos de Norte de Santander.
Según el estudio, la vulnerabilidad de las mujeres y niñas migrantes ha sido convertida en un lucrativo negocio criminal y en un mecanismo de dominación territorial. La investigación documenta 630 casos entre los años 2018 y 2026, evidenciando que la violencia contra las migrantes no se trata de incidentes aislados, sino de una dinámica estructural y sostenida. El grupo demográfico más afectado son las mujeres jóvenes, específicamente aquellas con edades comprendidas entre los 16 y 29 años.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe se centra en la violencia sexual y reproductiva. De un grupo de 280 mujeres que recibieron acompañamiento para acceder a rutas de atención estatal, el 6% fueron víctimas de maternidades forzadas. Estas mujeres fueron sometidas a relaciones sexuales sin protección por imposición de sus explotadores, quedando además al margen del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Como consecuencia, muchos de estos niños y niñas nacen sin reconocimiento paterno, fruto de relaciones violentas y despersonalizadas, lo que impacta gravemente su identidad y acceso a derechos básicos.
Además, el informe advierte sobre los riesgos sanitarios extremos en contextos de explotación. Las madres enfrentan infecciones de transmisión sexual no tratadas y condiciones de precariedad que derivan en partos prematuros, bajo peso al nacer, infecciones congénitas y posibles malformaciones. Estas revelaciones coinciden con las visitas de terreno realizadas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
En cuanto al modus operandi, las redes delictivas han sofisticado sus métodos de captación. Utilizan falsas ofertas laborales en redes sociales, engaños afectivos, manipulación digital y presión económica, aprovechando la desesperación de quienes huyen de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Una vez capturadas, las víctimas son distribuidas en municipios clave de Norte de Santander, como Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña. Esta geografía de la explotación coincide plenamente con los corredores del narcotráfico y otras economías ilícitas.
El control de estas economías ilegales está repartido entre diversos actores armados. De acuerdo con los datos de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, el ELN controla el 35% de estas actividades, seguido por las disidencias de las FARC con un 30%, bandas criminales con un 20% y redes de proxenetas con un 15%. La abogada Alejandra Vera, directora de la corporación, señaló que los grupos armados son los principales responsables y beneficiarios de estas prácticas, especialmente en casos de explotación sexual digital, donde las niñas son las principales víctimas.
El estudio también analiza la "zona gris" institucional respecto a la prostitución. Se advierte que, aunque no toda prostitución es trata, en la frontera esta última opera como la vía principal de absorción de mujeres vulnerables. La falta de una regularización integral de la prostitución en Colombia genera una ambigüedad normativa que impide a las autoridades diferenciar entre el ejercicio no explotativo y la trata. Esto provoca que las víctimas sean vistas simplemente como trabajadoras sexuales y no como sobrevivientes de un delito, bloqueando la activación de rutas de protección.
Finalmente, el informe concluye que la respuesta del Estado colombiano ha sido fragmentada y limitada a operativos policiales. Se urge a implementar un abordaje con enfoque feminista que incluya la regularización migratoria integral, justicia penal adaptada al conflicto armado y la desarticulación de la violencia institucional. Asimismo, se enfatiza que mientras no se ataque la demanda masculina —el mercado de compradores de sexo—, las redes de trata seguirán encontrando incentivos económicos para captar nuevas víctimas.
