La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha puesto en marcha una serie de medidas estratégicas destinadas a combatir el crimen organizado, con un enfoque particular en el fenómeno de las extorsiones. La mandataria informó que estas acciones implicarán la participación directa de dos sectores clave que actúan como canales operativos para los delincuentes: las empresas operadoras de telefonía móvil y las diversas entidades que integran el sistema financiero.
El anuncio se produjo en el marco de una reunión multisectorial convocada por el Ejecutivo, donde la presidenta sostuvo un encuentro con dirigentes de diversos sindicatos de transportistas. El grupo de representantes provenía no solo de la capital, Lima, sino también de regiones críticas donde la inseguridad ha golpeado con fuerza, incluyendo Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash. El objetivo principal de este acercamiento fue recoger las demandas directas de los trabajadores del transporte frente a la creciente ola de inseguridad y extorsiones que afectan su labor diaria.
Durante la sesión, Fujimori enfatizó la necesidad de ampliar la composición de las mesas de trabajo dedicadas a la seguridad ciudadana. Según la mandataria, es imperativo incorporar a los operadores de telefonía y al sistema financiero, basándose en la evidencia de que los cobros de cupos y las amenazas extorsivas se canalizan a través de los servicios de comunicación móvil y las transacciones bancarias. Al integrar a estos actores, el Gobierno busca cerrar las brechas que permiten a las organizaciones criminales operar con impunidad mediante el uso de líneas telefónicas y cuentas financieras.
En este encuentro participaron figuras clave del gabinete ministerial, destacando la presencia del ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey. Asimismo, el alto mando de la Policía Nacional estuvo presente para coordinar y consensuar acciones inmediatas que permitan frenar los delitos que impactan directamente al sector transporte.
Como resultado de este diálogo, la presidenta Fujimori anunció la creación de dos mesas de trabajo directas entre el Poder Ejecutivo y el sector transportista. La primera de estas mesas estará enfocada en los aspectos de regulación estatal y económica, quedando bajo la conducción y liderazgo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, la segunda mesa tendrá una finalidad estrictamente operativa y táctica, centrándose en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, tarea que será liderada por el Ministerio del Interior.
Más allá de las acciones operativas contra la extorsión, la mandataria señaló que su estrategia no se limitará únicamente al uso de la inteligencia para prevenir que los delitos ocurran. Fujimori manifestó su intención de implementar cambios estructurales en el sistema migratorio y en los procesos de expulsión. Esta medida tiene como propósito fundamental evitar el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros que posean antecedentes criminales, reforzando así el control fronterizo y la seguridad interna.
Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, brindó detalles adicionales sobre el despliegue policial. El ministro informó que se está incrementando la presencia de efectivos en las empresas de transporte, los paraderos y dentro de las unidades de bus, buscando generar un entorno más seguro tanto para los conductores como para los pasajeros. Astudillo hizo un llamado a los transportistas para que depositen su confianza en las medidas que el Ejecutivo está adoptando para combatir la criminalidad.
Para cerrar el despliegue de estrategias, el titular del Interior remarcó que se continuará fortaleciendo el equipamiento y las herramientas tecnológicas de las que dispone la Policía Nacional para enfrentar al crimen. Entre las acciones concretas, destacó la implementación de un mayor número de unidades de flagrancia, la ampliación del Plan Escudo contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la creación de una nueva plataforma tecnológica diseñada exclusivamente para combatir la extorsión a escala nacional.
