El racionamiento eléctrico en Venezuela ha generado un impacto severo en la economía regional durante agosto de 2026, según denuncian diversos gremios del país. La falta de suministro energético, caracterizada por cortes sin previo aviso ni programación, ha provocado la paralización o reducción drástica de las jornadas laborales en estados como Zulia, Sucre y Anzoátegui, comprometiendo la viabilidad del aparato productivo nacional.
En el estado Sucre, la situación es especialmente crítica. Miguel Amendolara, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, informó que en la capital sucrense se pierden aproximadamente 15 horas productivas a la semana debido a las interrupciones del servicio. Sin embargo, el escenario se agrava en el eje de Paria, donde la inactividad asciende a 35 horas semanales. En términos mensuales, la entidad podría perder hasta 140 horas de producción, lo que repercute directamente en los ingresos de los negocios y en la estabilidad de los empleados.
Amendolara señaló que esta inestabilidad obliga a los comerciantes a incurrir en costos adicionales elevados para la adquisición de plantas eléctricas, combustible y la reparación de equipos dañados por las fluctuaciones del voltaje. El representante gremial enfatizó que la imprevisibilidad del servicio impide cualquier tipo de planificación. "No nos podemos planificar porque los cortes no son programados y no nos informan tampoco. ¿Qué sector económico puede evolucionar, crecer o desarrollarse sin energía? Ninguno", expresó.
A nivel nacional, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presentó los resultados de su Encuesta de Coyuntura Industrial el pasado 18 de agosto. Los datos revelan que, durante el segundo trimestre de 2026, la falta de electricidad paralizó casi la mitad de las jornadas operativas de las empresas en todo el país. Específicamente, se reportaron 214 horas sin luz de un total de 488 horas laborables en el trimestre, lo que representa un 43,9 % del tiempo de trabajo.
El estado Zulia lidera la crisis con 333 horas sin servicio, seguido por la región de Los Andes con 295 y la región Centro-Occidental con 263 horas. Incluso la capital del país registró 82 horas de racionamiento. Conindustria advirtió sobre una brecha económica preocupante: mientras que la gran industria registró un crecimiento del 10,8 % en el segundo trimestre, la pequeña industria se contrajo un 5,4 %, debido a que los pequeños negocios carecen del músculo financiero para mantener plantas eléctricas o enfrentar la presión tributaria.
Paralelamente, los habitantes de Sucre enfrentan una crisis de agua potable que persiste desde hace seis meses. Esta situación se originó a finales de febrero de 2026 tras un evento sísmico que provocó una obstrucción y el derrumbe del túnel de trasvase Guamacán. En sectores como El Brasil, en Cumaná, el suministro de agua se limita a 24 horas cada cinco días, obligando a los vecinos a recurrir a cisternas o bombas eléctricas que, a su vez, dependen de un servicio energético inestable.
Desde el gobierno, Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela, atribuyó el incremento de los racionamientos a una "emergencia climática global" y al aumento de las temperaturas. El 3 de agosto, Rodríguez anunció un plan para incorporar 4.800 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de finalizar el año. No obstante, las protestas persisten, como la ocurrida el 18 de agosto en el municipio Juan Antonio Sotillo de Anzoátegui, donde vecinos denunciaron cortes de más de 13 horas.
El deterioro del SEN es un problema crónico que se ha agudizado en las últimas décadas, con hitos críticos como el apagón de abril de 2008 y la falla masiva de 2019 en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Expertos y gremios señalan que no se han abordado eficientemente el mantenimiento de las líneas de transmisión, el estado de las plantas termoeléctricas ni la pérdida de personal técnico calificado.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Cumaná ha propuesto la creación de un fondo para la recuperación energética financiado con un porcentaje de las exportaciones petroleras. Por su parte, Conindustria ha solicitado un cronograma formal de racionamiento y la implementación de una "Ley Puente" de 3 a 5 años para simplificar trámites regulatorios y aliviar la carga fiscal de las empresas afectadas.
El impacto humano es evidente en testimonios como el de Graciela Henriquez, emprendedora de Cumanacoa, quien ha perdido materia prima como carne y queso debido a que los cortes de luz, que duran entre seis y siete horas, impiden la refrigeración de sus productos, afectando directamente el sustento de su familia.
