En un giro abrupto dentro de la administración estatal de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció a través de sus redes sociales que solicitará nuevamente una licencia para ausentarse de su cargo. Este anuncio se produjo en un momento de alta tensión política y legal, generando una reacción inmediata por parte de figuras vinculadas a la seguridad internacional, específicamente de Derek Maltz, exfuncionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Apenas unos minutos después de que el mandatario sinaloense hiciera pública su decisión, Derek Maltz utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse sobre la situación. El exdirector de la DEA fue tajante al señalar que ha llegado "la hora de rendir cuentas", acompañando su mensaje con una imagen que incluía el rostro de Rocha Moya y el logotipo oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En dicha publicación, Maltz compartió detalladamente los cargos por los cuales el gobernador es señalado por las autoridades estadounidenses.
La postura de Maltz no es un hecho aislado, ya que previamente el exfuncionario había manifestado su positionamiento contra el político de Morena. En una interacción previa en redes sociales, Maltz dirigió un mensaje a Omar García Harfuch, planteando la necesidad de ejecutar un arresto y la posterior deportación del gobernador de Sinaloa hacia territorio estadounidense. Según las palabras de Maltz, es necesaria "otra operación de alto nivel de arresto y remoción hacia Estados Unidos" con el objetivo primordial de que Rocha Moya enfrente la justicia.
El contexto político que rodea esta nueva solicitud de licencia es complejo. Rubén Rocha Moya tomó esta decisión este sábado, luego de que se hiciera evidente que legisladores, otros gobernadores y miembros destacados de su propio partido, Morena, le habían dado la espalda. Lo que resulta particularmente notable es la temporalidad de estos hechos, ya que el anuncio de la licencia ocurre a menos de 24 horas de que el mandatario se hubiera reincorporado al Ejecutivo Estatal.
Más allá de la crisis política interna, el gobernador enfrenta una situación jurídica grave en el extranjero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado formalmente a Rocha Moya por diversos delitos graves. Entre las acusaciones se encuentran la conspiración para importar narcóticos, el narcotráfico, actos de corrupción y la posesión de armas de fuego, delitos que ponen al mandatario en el centro de una investigación federal estadounidense.
La situación legal no afecta únicamente al gobernador. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York requiere la comparecencia de Rubén Rocha Moya y de otras nueve personas más. Entre los señalados figuran nombres de relevancia política en el estado, como el senador Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se desempeña como presidente municipal de Culiacán con licencia.
En conjunto, el grupo de diez personas requeridas por la justicia estadounidense se encuentra bajo la mira de las autoridades de Nueva York, lo que intensifica la presión sobre la administración de Sinaloa. La coincidencia entre la falta de apoyo político interno, los requerimientos judiciales internacionales y las exigencias públicas de exfuncionarios de la DEA como Derek Maltz, configuran un escenario crítico para el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ahora se aparta nuevamente de sus funciones ejecutivas mientras persisten las acusaciones de conspiración y narcotráfico en su contra.
