La Legislatura de la provincia de Catamarca se encuentra bajo el foco de una fuerte crítica debido a la desproporción entre sus costos operativos, la cantidad de su personal y la productividad real de sus integrantes. Mientras la sociedad catamarqueña atraviesa profundas angustias económicas que afectan incluso la salud mental de los ciudadanos, el recinto legislativo parece haberse transformado en un escenario donde se representan debates apasionados que, en la práctica, no afectan el presupuesto del propio cuerpo legislativo.
En términos presupuestarios, Catamarca se posiciona como la segunda provincia que más recursos destina al sostenimiento de su Poder Legislativo. Actualmente, el gasto público total destinado a este fin es del 2,7%, una cifra que duplica la media nacional, la cual se sitúa en el 1,34%. En el ranking nacional, solo es superada por la provincia de Tucumán, que alcanza casi un 4% de asignación presupuestaria para su Legislatura.
Esta estructura financiera se traduce en una masa salarial y administrativa considerable. Con más de 3.000 agentes, el Poder Legislativo es el cuarto enclave estatal con mayor cantidad de empleados en la provincia. Resulta llamativo que esta cifra sea un 36% superior a la del Poder Judicial, superando incluso a otras estructuras administrativas masivas. La desproporción es aún más evidente al comparar la Legislatura catamarqueña con las de otras provincias: supera en cantidad de personal a la de Chaco (2.300 empleados), Buenos Aires (2.850), Formosa (1.802), Córdoba (1.583) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1.145).
La relación entre representantes y personal es igualmente dispar. En Catamarca existen 54 empleados por cada legislador. Asimismo, la representatividad es la más alta del país, con un legislador por cada 7.500 habitantes. A modo de comparación, en Córdoba hay un legislador cada 54.300 habitantes, en Buenos Aires uno cada 126.800, en La Rioja uno cada 12.500 y en Formosa uno cada 20.200.
A pesar de estas cifras, la productividad legislativa es cuestionada. El período ordinario de sesiones cubre únicamente siete de los doce meses del año, extendiéndose de mayo a noviembre, con una interrupción adicional por las vacaciones invernales. En este tiempo, la mayor parte de la actividad se concentra en la sanción de proyectos de declaración o pedidos de informes, ya que la mayoría de las leyes son elaboradas y enviadas desde el Poder Ejecutivo.
En el plano político, se observa una contradicción entre las propuestas presentadas y la realidad fiscal. Por un lado, una bancada de la oposición propuso reducir hasta en un 50% el Impuesto a los Ingresos Brutos para MiPymes a través de un Régimen Excepcional y Transitorio de regulación Fiscal, pero el proyecto no especifica cómo se compensaría el costo fiscal de dicha medida, la cual afectaría indirectamente los fondos que sostienen la estructura legislativa.
Por otro lado, los sectores oficialistas han planteado un programa de Unificación Provincial de Pasivos para abordar el sobreendeudamiento. Esta propuesta implicaría que CAPRESCA asuma el pago de acreencias a usureros, eximiendo a estos últimos de trámites legales o de la necesidad de rematar carteras incobrables, beneficiando así a quienes han engrosado sus ganancias mediante intereses siderales. Otras iniciativas incluyen el uso de colocaciones financieras del Gobierno para aumentos salariales en seguridad, educación y salud, propuesto por el diputado Javier Galán, mientras que el sector libertario insiste en la depuración de "ñoquis" en la planta estatal.
Finalmente, la credibilidad de la institución se ha visto erosionada por denuncias graves. El diputado Javier Galán fue acusado de utilizar a empleados designados en la Legislatura para trabajar en su corralón particular, detrayendo una parte de sus sueldos. Si bien la atención pública se centró en las acusaciones de abusos sexuales contra el legislador, el presunto fraude administrativo quedó en un segundo plano, alimentando sospechas sobre la existencia de prácticas similares extendidas en el cuerpo legislativo.
En conclusión, la evidencia sugiere que la Legislatura de Catamarca funciona como una estructura parasitaria donde convergen todas las bancadas, independientemente de su signo político, manteniendo una solidaridad corporativa que protege sus privilegios mientras se exige austeridad al resto de la sociedad.
