El panorama político en el estado de Sinaloa ha entrado en una fase de alta tensión tras el anuncio oficial realizado por Rubén Rocha Moya el pasado 21 de agosto. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó su regreso al cargo, una decisión que ha provocado una ola de reproches y un intenso debate en los diversos sectores de la política mexicana, dividiendo las posturas entre el partido en el poder y los bloques opositores.
La reacción inmediata ha sido de fragmentación. Por un lado, Morena y sus aliados políticos han optado por desmarcarse de la decisión del gobernador, calificando su retorno como una acción de índole “personal”. Esta postura busca distanciar la línea oficial del partido de la decisión individual de Rocha Moya. En contraste, la oposición ha endurecido su discurso, exigiendo no solo la apertura de un juicio político en contra del mandatario, sino impulsando la posibilidad legal de declarar la “desaparición de poderes” en la entidad.
Este escenario ha escalado hasta la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de dicho órgano, ha señalado que la ausencia de respaldo del Gobierno Federal ante este regreso pone a la República en una encrucijada. A través de sus redes sociales, López Rabadán fue enfática al afirmar que, ante el rechazo unánime al retorno de Rocha Moya a la gubernatura, es necesario activar todos los mecanismos legales y parlamentarios previstos en el marco normativo si el Gobernador no da marcha atrás de inmediato. Según la funcionaria, la declaratoria de desaparición de poderes en el estado es una decisión trascendente pero necesaria.
La controversia se fundamenta en un contexto judicial complejo. Al día 22 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación que involucra a diez personas en Sinaloa, entre ellas el propio gobernador. Esta indagatoria se originó a raíz de acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales sugieren que los implicados habrían permitido la operación de la facción del crimen organizado conocida como “Los Chapitos” a cambio de diversos favores durante el año 2021.
Debido a estas presiones legales, Rubén Rocha Moya había solicitado licencia el pasado 1 de mayo. Sin embargo, tras casi cuatro meses de ausencia, su anuncio de reincorporación al cargo en un momento crítico para Morena ha sido interpretado por la oposición, y específicamente por el Partido Acción Nacional (PAN), como un símbolo de la impunidad en el país. El PAN ha sugerido plantear formalmente el proceso de desaparición de poderes, un mecanismo que implica la extinción de la facultad para ejercer el poder político por parte de las autoridades estatales.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, la desaparición de poderes conlleva que los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado cesen en sus funciones. De acuerdo con la Constitución, el Senado de la República posee la atribución exclusiva de determinar si se han configurado los supuestos necesarios para emitir dicha declaratoria y, posteriormente, nombrar a un gobernador provisional. Es importante precisar que el objetivo de este proceso no es la eliminación definitiva de los poderes estatales, sino el restablecimiento del funcionamiento constitucional y la garantía de la continuidad del orden legal mediante nuevas autoridades.
Otro punto crítico de la discusión es la inmunidad procesal o “fuero”. Al retomar la titularidad del Ejecutivo Estatal, Rubén Rocha Moya vuelve a estar protegido por el Artículo 111 Constitucional. Este mecanismo blinda al funcionario frente a procesos penales federales mientras permanezca en el cargo. Para que cualquier autoridad pueda actuar penalmente contra un gobernador, la Cámara de Diputados debe votar, mediante mayoría absoluta, si la acusación es procedente.
En caso de que la Cámara de Diputados vote negativamente, el proceso penal no desaparece, pero queda congelado, impidiendo que avance la persecución penal activa en el ámbito federal, al menos hasta el año 2027, cuando el gobernador deje el cargo. No obstante, si la Cámara declarara procedente la acusación, Rocha Moya sería separado de su cargo de manera inmediata y puesto a disposición de las autoridades. En tal escenario, una sentencia absolutoria le permitiría retomar la gubernatura, mientras que una condena por delitos cometidos durante su ejercicio le cerraría incluso la posibilidad de recibir un indulto.
