Tina Peters, la negacionista electoral que recientemente recuperó su libertad, ha viajado a Washington D.C. para mantener una serie de reuniones de alto nivel con funcionarios del Gobierno de Donald Trump. El objetivo central de su visita fue presentar un plan detallado para invocar poderes de emergencia que permitan imponer un control federal sin precedentes sobre los procesos comiciales antes de las elecciones intermedias de noviembre.
Este viaje a la capital estadounidense representó la última etapa de una gira nacional emprendida por Peters para promover su visión sobre la reforma del sistema electoral en Estados Unidos. Durante su estancia en Washington, Peters sostuvo encuentros clave con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y con la jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon.
Desde su liberación en junio, tras una reducción de su condena, Peters ha aprovechado su libertad para intensificar la difusión de afirmaciones falsas sobre el uso de máquinas de votación que presuntamente manipulan los resultados electorales. Además de su agenda política, ha participado activamente en diversas conferencias y ha mantenido una presencia constante en el circuito de pódcasts de tendencia derechista.
Las teorías conspirativas promovidas por Peters fueron el eje del caso penal en su contra en Colorado. Allí fue condenada por cargos estatales debido a su participación en un plan para vulnerar los sistemas electorales del condado de Mesa, donde se desempeñaba como secretaria. El propósito de estas acciones era intentar demostrar que los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 habían sido fraudulentos.
La salida anticipada de Peters de la prisión fue posible gracias a la intervención del gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, quien conmutó su sentencia. Esta decisión permitió que Peters fuera liberada casi dos años después de haber recibido una condena original de nueve años.
Por su parte, el presidente Donald Trump, quien no posee la facultad de indultar delitos estatales, lideró una intensa campaña de presión de un año contra el gobernador Polis. Para lograr la liberación de Peters, Trump recurrió a medidas como la retención de fondos federales, el cierre de oficinas federales en Colorado y el veto a un proyecto de agua de gran importancia. Estas acciones no solo ayudaron a visibilizar el caso, sino que posicionaron a Peters como una figura heroica dentro del movimiento MAGA, a pesar del rechazo de los funcionarios electorales que sostienen que su retórica socava el proceso democrático.
Semanas después de recuperar su libertad, Peters fue recibida en la Casa Blanca para un almuerzo privado con el presidente Trump. Aunque ambos comparten objetivos similares, el mandatario aún no ha brindado un respaldo formal a la propuesta específica de Peters. Al respecto, su abogado, Peter Ticktin, señaló a CNN que, aunque no sabe si el plan conseguirá el apoyo necesario para implementarse, es fundamental que alguien tome la iniciativa en este asunto.
La trayectoria de Peters ha generado fuertes críticas entre los funcionarios electorales y fiscales de Colorado. Phil Weiser, fiscal general de Colorado y actual candidato demócrata a gobernador, quien participó en el procesamiento de Peters, expresó su indignación por la recepción que la exfuncionaria recibió en Washington. Weiser calificó a Peters como una criminal que comprometió la seguridad de los equipos electorales y que no muestra remordimiento, criticando que sea celebrada en la Casa Blanca mientras lleva sus teorías conspirativas de gira.
El gobernador Jared Polis, aunque defendió su decisión de conmutar la condena, manifestó sentirse decepcionado, aunque no sorprendido, de que Peters continúe difundiendo teorías conspirativas y afirmaciones inexactas. Polis argumentó que las cárceles no son centros de reeducación y que, mientras Peters cumpla con la ley y los términos de su libertad condicional, posee el derecho a la libertad de expresión.
A pesar de su liberación, Peters sigue siendo una persona condenada por un delito y permanece sujeta a condiciones estrictas de libertad condicional. El Departamento de Correcciones de Colorado confirmó que se le otorgaron los permisos de viaje necesarios para su visita a Washington.
Uno de los encuentros más destacados en la capital fue el almuerzo con Harmeet Dhillon, actual directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Dhillon, quien también ha cuestionado los resultados de 2020, describió a Peters como una "mujer inspiradora" en una publicación en la red social X, mencionando que también conversaron sobre temas de moda. Esta interacción fue calificada como "perversa" por Phil Weiser, quien cuestionó que una alta funcionaria del Departamento de Justicia celebre a alguien condenada por vulnerar la seguridad electoral.
Además de sus reuniones, Peters promovió un anuncio de la Oficina del Censo, bajo el mando de Howard Lutnick, que alegaba el descubrimiento de 24,000 votos de no ciudadanos en 2020, un hallazgo que ha sido cuestionado por expertos electorales.
En el ámbito laboral, Peters ha recibido una oferta de Clint Curtis, secretario y registrador de votantes del condado de Shasta en California, para trabajar como consultora en seguridad electoral. Curtis, quien también es una figura controvertida y fue censurado por su junta de supervisores, afirmó que el estatus de condenada de Peters no es un impedimento. Según Curtis, ella desempeñaría un rol de supervisión y asesoría sin tener acceso directo a los sistemas de votación.
Finalmente, su abogado Peter Ticktin destacó que la salud de Peters ha mejorado significativamente desde su salida de prisión. Según Ticktin, el impulso moral más grande para ella fue la visita a la Oficina Oval en junio, donde fue recibida por Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Tras concluir su gira en Washington, Peters se trasladó en tren hacia Virginia para visitar a su madre.
