María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha desmentido públicamente las versiones periodísticas que aseguraban que la totalidad de su esquema de seguridad había sido sustituida. Esta declaración surge en un momento crítico, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones sobre una posible infiltración en la estructura de protección que tenía el congresista antes de sufrir el atentado que le costó la vida.
A través de su cuenta en la red social X, Tarazona manifestó su preocupación y negó que se haya realizado algún cambio en el personal asignado para su protección y la de su familia. En su mensaje, la viuda señaló que, aunque la Fiscalía ha hecho pública la presunción de que el esquema está infiltrado y que algunos de sus integrantes podrían haber colaborado suministrando información para el magnicidio, la situación real es que el personal permanece sin cambios.
Tarazona enfatizó que ha agotado diversos canales de comunicación para solicitar la modificación de su seguridad, recurriendo a cartas, peticiones oficiales y mensajes de chat dirigidos al Gobierno Nacional. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna de ninguna entidad gubernamental ni se ha comunicado con ella ningún miembro del Gobierno para abordar esta problemática.
El contexto de esta denuncia se enmarca en los hallazgos de los investigadores de la Fiscalía, quienes identificaron coincidencias geográficas alarmantes. Según el ente acusador, la ubicación de los teléfonos móviles de dos integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay coincidió en dos ocasiones con la presencia de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias ‘El Viejo’, quien es señalado como uno de los facilitadores y enlaces de la Segunda Marquetalia en la planeación del crimen.
De acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, los registros de telefonía revelaron que los dispositivos de los escoltas y el de alias ‘El Viejo’ coincidieron el 29 de enero de 2025 en el sector de Modelia, en Bogotá. Este dato es especialmente relevante ya que dicho sector fue posteriormente el escenario donde se llevó a cabo el ataque contra el senador. Una segunda coincidencia fue detectada a comienzos de abril, esta vez en las inmediaciones del Congreso de la República.
La Fiscalía busca ahora determinar la naturaleza de estos encuentros, si existió una relación directa entre los escoltas y alias ‘El Viejo’, y si estas interacciones fueron fundamentales para la preparación del magnicidio. No obstante, las autoridades han aclarado que, por el momento, esto representa una línea de investigación y no constituye una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de los integrantes del esquema de seguridad.
El caso ha cobrado mayor fuerza tras el interrogatorio y posterior condena de alias ‘El Viejo’, quien fue sentenciado a 22 años y cuatro meses de prisión tras aceptar su participación en el crimen. Durante su declaración, el condenado afirmó que la orden del asesinato fue impartida por la Segunda Marquetalia y señaló específicamente a alias ‘Zarco Aldinever’ como la persona que dio la instrucción, y a Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, como quien lo contactó para ejecutar la operación.
A estas evidencias se suma la verificación de un testimonio reciente proporcionado por un menor de 17 años. El joven aseguró que una persona registrada en sus contactos como “Escolta senador” le entregaba información detallada sobre los movimientos del político. Esta versión, conocida por el diario El Colombiano, está siendo contrastada actualmente por los investigadores para validar su veracidad.
El adolescente detalló además que formaba parte de un grupo de WhatsApp donde se compartía información sensible sobre Miguel Uribe Turbay. Según su relato, en dicho grupo circulaban ubicaciones exactas, datos sobre la residencia del precandidato, detalles sobre una camioneta y los recorridos que el senador solía realizar. El testigo afirmó que parte de estos datos fueron suministrados por personas con contacto directo con el político y que, en el grupo, incluso se discutían diversas alternativas para llevar a cabo el ataque.
Con todos estos elementos, las autoridades judiciales intentan establecer el alcance real de las filtraciones desde el esquema de protección de la UNP y determinar cómo estas conexiones facilitaron la planeación y ejecución del magnicidio.
