La desaparición de la joven Angie Peña, ocurrida en enero de 2022 en Roatán, ha vuelto a situar en el centro del debate público la presunta operación de redes de trata de personas y explotación sexual en las Islas de la Bahía. El reciente asesinato de Derek McNiel, quien había sido identificado como testigo protegido en una causa vinculada a estos hechos, ha incrementado las interrogantes sobre la capacidad del Estado hondureño para garantizar la seguridad de quienes colaboran con el sistema de justicia.
Miguel Tejada, defensor de derechos humanos en Roatán, expresó duras críticas hacia las instituciones de seguridad y persecución penal en declaraciones radiales concedidas al periodista Nery Artega. Según Tejada, el homicidio de McNiel constituye una evidencia clara de las debilidades estructurales en los mecanismos de protección de testigos y colaboradores en Honduras. El defensor subrayó que McNiel era una pieza fundamental en las investigaciones debido a que poseía conocimiento directo sobre las personas y las actividades operativas de la estructura criminal investigada.
De acuerdo con las declaraciones de Tejada, Derek McNiel había revelado al Ministerio Público la identidad de los integrantes de esta red y el funcionamiento de sus actividades. El defensor calificó el asesinato del testigo como un "acto desesperado" por parte de los criminales y cuestionó la falta de medidas de seguridad proporcionales al alto impacto de la investigación. Tejada comparó la situación hondureña con programas de protección en países como Estados Unidos, donde los testigos de alto riesgo pueden recibir nuevas identidades y ser trasladados junto a sus familias, mientras que en Honduras las medidas fueron limitadas.
En el caso específico de McNiel, Tejada afirmó que el testigo ni siquiera contó con la asignación permanente de un agente policial. En su lugar, se habrían aplicado mecanismos similares a los usados con defensores de derechos humanos, consistentes en la entrega de un número telefónico para solicitar asistencia en caso de emergencia, medida que el defensor consideró totalmente insuficiente frente al nivel de riesgo que enfrentaba el colaborador. Asimismo, advirtió que este hecho podría generar un efecto desalentador para otros testigos y defensores que teman por su integridad.
Respecto a la naturaleza de la criminalidad en la zona, Tejada aseguró que la trata de personas en Islas de la Bahía no se limita a una sola organización. Explicó que existen estructuras de diversos tamaños que operan mediante la división de funciones: captación, traslado, alojamiento, explotación y obtención de beneficios económicos. En este sentido, planteó la posibilidad de que propietarios de vehículos, hoteles, resorts y otros inmuebles turísticos pudieran estar facilitando la explotación sexual. El defensor hizo una distinción crucial entre la prostitución y la explotación sexual, señalando que esta última implica violencia, engaños, secuestro o coerción, expresando especial preocupación por la vulnerabilidad de los menores de edad.
Sobre el caso de Angie Peña, quien desapareció mientras se encontraba en una moto acuática en West Bay, Tejada afirmó que el Ministerio Público posee evidencias que incluyen fotografías, videos y comunicaciones. El defensor lanzó una revelación impactante al asegurar que existe información que apunta a que la joven permanece con vida, mencionando que habría existido una comunicación reciente con un supuesto negociador y una "prueba de vida" hace pocos meses. No obstante, estas afirmaciones han sido presentadas como señalamientos de Tejada que deben ser contrastados y confirmados oficialmente por las autoridades.
Otro punto crítico abordado por el defensor fue la presunta interferencia de sectores con poder político y económico en las investigaciones. Tejada denunció cambios de personal en instituciones de persecución penal que podrían afectar la continuidad de los casos y cuestionó que funcionarios señalados por irregularidades fueran trasladados en lugar de ser investigados. Mencionó posibles acciones para contaminar escenas del crimen, filtrar información o frenar procesos judiciales.
Finalmente, Tejada rechazó el argumento de algunos sectores políticos locales que sugieren que estas investigaciones podrían afectar el turismo y la inversión en Roatán. El defensor sostuvo que combatir la criminalidad no perjudica la isla, sino que la hace más segura. Señaló que Estados Unidos ha mostrado interés en el caso y que existen instancias internacionales monitoreando la actuación de los funcionarios hondureños. El caso de Angie Peña y la muerte de Derek McNiel dejan abierta la interrogante sobre si el Estado puede garantizar que denunciar una red criminal no signifique una sentencia de muerte.
