El conglomerado empresarial de Hong Kong, CK Hutchison, ha formalizado el inicio de un nuevo proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Panamá. En esta acción legal, la compañía reclama una indemnización superior a los 1.500 millones de dólares, basando su demanda en la supuesta destrucción de sus inversiones realizadas en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas estratégicamente en los accesos al Canal de Panamá.
Según la información remitida por la empresa a la Bolsa de Hong Kong, el procedimiento fue activado este jueves. CK Hutchison fundamenta su reclamación en presuntas violaciones de un tratado de protección de inversiones vigente entre ambas jurisdicciones. La compañía señaló que esta medida judicial es el resultado del fracaso de los intentos previos para alcanzar una solución negociada y amistosa con el Gobierno panameño.
La disputa tiene su origen en una serie de disposiciones adoptadas por las autoridades de Panamá durante los años 2025 y 2026. De acuerdo con el comunicado de CK Hutchison, estas medidas culminaron con la anulación del contrato de concesión que regía la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, provocando la toma de control de ambas terminales por parte del Estado. La firma hongkonés manifestó que discrepa firmemente de las acciones tomadas por Panamá, calificándolas como contrarias al tratado de protección de inversiones. A pesar del inicio del arbitraje, la empresa aseguró que continuará buscando una salida concertada con el país, aunque mantendrá la defensa de sus derechos bajo el marco del derecho internacional.
Es importante destacar que este nuevo procedimiento no es la única batalla legal que enfrenta el Estado panameño en relación con estas terminales. CK Hutchison ya mantiene un arbitraje separado a través de su filial, Panama Ports Company (PPC). Este segundo proceso se desarrolla bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y se centra específicamente en el contrato de concesión. En dicha instancia, PPC reclama sus derechos contractuales y ha elevado la cuantía de sus pretensiones por encima de los 2.000 millones de dólares, denunciando lo que describe como una toma ilegal de los puertos y de sus activos.
El conflicto jurídico escaló significativamente en enero, cuando la Corte Suprema de Panamá dictaminó que la concesión de los puertos de Balboa, en el océano Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, otorgada originalmente en 1997, era inconstitucional. Como consecuencia directa de este fallo judicial, las autoridades panameñas asumieron el control operativo de ambas terminales en el mes de febrero. Tras la toma de control, el Estado encomendó la operación temporal de los puertos a otros gestores internacionales. Este movimiento se produjo en un contexto de presiones ejercidas por Estados Unidos, debido a la supuesta influencia de China en las zonas circundantes al Canal de Panamá.
Este escenario derivó en un periodo de alta tensión diplomática entre Panamá y China. El gobierno de Pekín advirtió explícitamente que tomaría medidas para defender los derechos e intereses de sus empresas en el territorio panameño. Como reflejo de este deterioro en las relaciones bilaterales, se registró un incremento en las detenciones de buques con bandera panameña en los puertos chinos. Mientras que Panamá atribuyó este repunte directamente a la crisis diplomática, China sostuvo que las inspecciones respondían estrictamente a motivos de seguridad marítima.
No obstante, en las últimas semanas se han observado señales de desescalada. El Gobierno de Panamá ha indicado que existen avances positivos tras las conversaciones mantenidas en julio en Pekín. El objetivo de dichos encuentros fue la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambas naciones, un tratado que otorga a la flota panameña el trato de “Nación Más Favorecida” en los puertos de China.
Al respecto, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó recientemente que la renovación de este acuerdo es un asunto de carácter técnico que ya ha sido negociado a satisfacción de ambas partes. Asimismo, el ministro señaló que las detenciones de buques panameños en territorio chino se encuentran actualmente por debajo del promedio histórico registrado antes de que se desencadenara la controversia.
