El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha formalizado la aceptación del retiro voluntario del servicio activo del general Juan Miguel Huertas. Esta decisión quedó consignada oficialmente a través del decreto 1252, emitido el pasado miércoles, el cual establece que el oficial se retira de sus funciones de manera temporal, fundamentado estrictamente en una solicitud propia presentada por el uniformado.
El retiro del general Huertas ocurre en un contexto complejo, marcado por un prolongado escándalo surgido durante la administración de Gustavo Petro. El oficial se había visto envuelto en graves señalamientos relacionados con supuestos vínculos con las disidencias de Calarcá, una situación que puso en entredicho su trayectoria profesional y su permanencia en el mando militar.
Antes de que se concretara este retiro voluntario, el general Huertas había retomado sus actividades en el Comando de Personal del Ejército. Este regreso se produjo tras la finalización de una suspensión administrativa que le había sido impuesta por la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control adelanta una investigación exhaustiva sobre la conducta del oficial, analizando diversos hechos que podrían constituir faltas graves.
Uno de los puntos más críticos de la investigación de la Procuraduría se centra en la presunta propuesta que el general Huertas habría realizado a los integrantes de las disidencias de Calarcá. Según los señalamientos, el oficial habría planteado la creación de una empresa de seguridad privada en la que participarían ambas partes, vinculando así a un alto mando militar con actores armados ilegales en un proyecto comercial.
El sustento probatorio de estas investigaciones tiene su origen en un operativo llevado a cabo el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia. Durante aquel procedimiento, las fuerzas públicas interceptaron en un puesto de control militar una caravana perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP). En dicho vehículo se transportaban siete cabecillas del Estado Mayor Central, entre los cuales se encontraba el sujeto conocido con el alias de Ramiro.
En el marco de este operativo, las autoridades procedieron a la incautación de diversos dispositivos electrónicos, incluyendo computadores y memorias USB. Aunque la Fiscalía General de la Nación ordenó la libertad inmediata de los disidentes capturados, basando su decisión en el estatus de estos como gestores de paz, los elementos electrónicos quedaron bajo una estricta cadena de custodia para su posterior análisis forense.
La información extraída de esos dispositivos ha sido fundamental para la Procuraduría, ya que los datos encontrados en los computadores y memorias USB suministraron la base informativa para investigar la relación del general Huertas con los grupos disidentes. Es a través de este material digital que se han rastreado los presuntos nexos y las comunicaciones que dieron lugar a las sospechas sobre la propuesta de la empresa de seguridad.
Con la expedición del decreto 1252, se cierra el ciclo del general Juan Miguel Huertas en el servicio activo del Ejército, aunque el proceso administrativo y las investigaciones conducidas por la Procuraduría sobre los hechos ocurridos y la evidencia hallada en Anorí continúan su curso legal. El retiro, aunque solicitado por el propio oficial, se produce mientras el Estado esclarece el alcance de los vínculos señalados entre el alto mando y los cabecillas del Estado Mayor Central.
