La Procuraduría General de la Nación ha emitido un requerimiento formal dirigido a diversas autoridades del departamento del Tolima, con el objetivo primordial de que informen detalladamente sobre las acciones y estrategias adoptadas para garantizar la protección de la infraestructura de transmisión de energía eléctrica en la región. Esta medida busca prevenir la ocurrencia de nuevos hechos violentos que puedan comprometer la estabilidad y la prestación de este servicio, el cual es catalogado como un servicio público esencial para la población.
El requerimiento del ente de control no surge de manera aislada, sino que es la respuesta directa a una serie de denuncias presentadas por la empresa Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P. La compañía advirtió formalmente sobre la ejecución de atentados contra sus redes de transmisión en el territorio tolimense, señalando que estas acciones agresivas ponen en riesgo no solo la continuidad del suministro eléctrico para los usuarios, sino también la integridad física de los trabajadores que operan en la zona y la seguridad de la infraestructura estatal vinculada al sector energético.
Dentro de los hechos específicos reportados ante la Procuraduría, destaca un grave incidente ocurrido el pasado 8 de mayo de 2026. En dicha fecha, se registró un presunto atentado contra la Torre 185, una estructura clave localizada en el municipio de Planadas. Según la información suministrada, el ataque fue perpetrado mediante el uso de un artefacto explosivo que afectó significativamente la estructura de los circuitos denominados Alférez–Tesalia 1 y 2.
La gravedad de la situación en Planadas obligó a una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Fue necesaria la intervención directa de la Fuerza Pública para asegurar el perímetro y garantizar que el área fuera segura. Esta acción fue fundamental para permitir la evacuación del personal de mantenimiento, quienes debieron ser trasladados hacia la ciudad de Neiva para salvaguardar su vida frente a la inestabilidad de la zona tras la detonación.
A pesar de la magnitud del daño y la claridad del ataque, el reporte indica que, hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables de este atentado contra la infraestructura de la empresa de energía eléctrica. Esta incertidumbre sobre la autoría de los hechos ha incrementado la preocupación de las autoridades y de la compañía operadora, impulsando la solicitud de un refuerzo en las medidas de seguridad.
Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación, en concordancia con la compañía afectada, ha solicitado información detallada a tres entidades clave del departamento. Los requerimientos han sido enviados a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, al Departamento de Policía Tolima y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional. El propósito es que estas instituciones rindan cuentas sobre las medidas concretas que han sido implementadas para mitigar el riesgo de nuevos ataques.
Las instituciones mencionadas deberán precisar en sus respuestas los siguientes puntos: las medidas de seguridad implementadas en los puntos críticos de la red, las acciones de coordinación interinstitucional que se están llevando a cabo entre las fuerzas militares y la policía, la frecuencia y los resultados de los consejos de seguridad realizados en la región, y las estrategias preventivas previstas para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro.
Con esta acción, la Procuraduría busca asegurar que el Estado colombiano, a través de sus organismos de seguridad y administración departamental, tome las riendas de la situación para evitar que la infraestructura energética sea blanco de ataques constantes, asegurando así que el derecho fundamental al acceso a la energía eléctrica no se vea vulnerado por actos violentos en el departamento del Tolima.
