El sector del transporte urbano en Lima y Callao se prepara para una jornada de paralización total. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ha ratificado la convocatoria a un paro de 24 horas programado para el próximo martes 25 de agosto. Según detalló el dirigente, esta medida de fuerza no es un hecho aislado, sino que cuenta con el respaldo sólido de 11 gremios, los cuales representan a más del 80% del transporte regular que opera en la capital y la zona del Callao.
Durante una intervención en el programa Las Noticias de RPP, Vargas explicó que la decisión de paralizar las actividades responde a una situación crítica de inseguridad ciudadana. El sector se encuentra actualmente bajo el asedio de bandas extorsivas que mantienen en vilo tanto a los conductores como a los pasajeros, quienes se han convertido en víctimas recurrentes de ataques violentos. El dirigente subrayó que la medida es una respuesta directa a la falta de atención y a la aparente indiferencia del Poder Ejecutivo frente a las demandas urgentes del sector.
En palabras de Héctor Vargas, la determinación de ir a un paro surge de la convicción de que el Estado y los gobernantes no pueden permitirse ser insensibles ante la crisis que atraviesan los transportistas. Esta insatisfacción se ve agravada por la falta de canales de comunicación efectivos con la máxima autoridad del país. Vargas reveló que han solicitado reuniones con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en múltiples ocasiones, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna a sus peticiones de audiencia.
Uno de los puntos más críticos de la controversia es la implementación del denominado 'Plan Escudo', una de las estrategias de seguridad anunciadas recientemente por el Gobierno. El presidente de la coordinadora fue enfático al señalar que el gremio de transportistas no fue consultado en ninguna etapa de la elaboración de este plan, ni participó en su diseño. Para Vargas, esta iniciativa no representa un cambio real ni una solución innovadora, calificándola como "más de lo mismo" en comparación con las medidas aplicadas por administraciones anteriores, las cuales, a su juicio, fracasaron en reducir los índices de violencia en las calles.
El núcleo del conflicto radica en la ausencia de una política pública articulada que sea capaz de frenar el cobro de cupos. Este problema de extorsión sistemática no solo asfixia económicamente a las empresas de transporte, que deben lidiar con exigencias monetarias ilegales para poder operar, sino que también genera un impacto directo en el ciudadano común, ya que el encarecimiento del servicio para millones de usuarios es una consecuencia inevitable de esta presión criminal.
Respecto a la modalidad de la protesta, Vargas definió la paralización del 25 de agosto como un "apagado de motores". Recalcó que la medida tendrá un carácter estrictamente pacífico, con el objetivo claro de evitar cualquier tipo de disturbio o confrontación violenta. La intención del sector no es generar caos, sino captar la atención de las autoridades y obligarlas a reconocer la gravedad de la situación. "Lo que queremos hacer es llamar la atención una vez más", puntualizó el dirigente.
En cuanto a la gestión de la seguridad ciudadana, Vargas mencionó que la permanencia de altos mandos policiales, citando específicamente el caso del general Arriola, es una decisión que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. No obstante, dejó claro que dicha permanencia debe estar condicionada a la obtención de resultados concretos que se reflejen en la seguridad de los transportistas.
De manera paralela, la Unión Gremial de Lima y Callao también ha oficializado la paralización total del servicio para la misma fecha. A través de un documento formal, este gremio señaló que la medida surge tras el prolongado silencio del Gobierno frente a las propuestas técnicas que fueron enviadas previamente por los transportistas. Asimismo, reiteraron la negativa de la presidenta Keiko Fujimori de concederles una audiencia para abordar la crisis de extorsiones y los asesinatos que han golpeado severamente al sector. La Unión Gremial ha condicionado la suspensión de este paro a que el Ejecutivo brinde una respuesta favorable para iniciar conversaciones inmediatas.
