La ciudad de Montevideo, Uruguay, se ha convertido este martes en el epicentro de la discusión sobre el futuro poblacional de la región con el inicio de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El encuentro ha comenzado con un reconocimiento fundamental: el Consenso de Montevideo, un documento estratégico firmado hace trece años, continúa siendo la hoja de ruta esencial para gestionar la transición demográfica que atraviesan las naciones del continente.
El evento cuenta con la participación de figuras clave en la gestión de la salud y el desarrollo regional. Entre los asistentes destacan la doctora Cristina Lustemberg, Ministra de Salud Pública de Uruguay; José Manuel Salazar, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Deine Keita, Directora del Fondo de la Población de Naciones Unidas (UNFPA). La presencia de estas autoridades subraya la importancia de coordinar esfuerzos institucionales para responder a los desafíos que plantea la evolución de la población.
Durante su intervención, la Directora del Fondo de la Población de Naciones Unidas, Deine Keita, enfatizó que la promesa establecida en el Consenso de Montevideo es hoy más relevante que nunca. Keita advirtió que el mundo está atravesando un fenómeno extraordinario, señalando que, por primera vez en la historia moderna, los países se enfrentan a futuros demográficos que son radicalmente diferentes entre sí. Esta divergencia obliga a los Estados a replantear sus estrategias de desarrollo y protección social.
Uno de los puntos más críticos abordados en la apertura de la conferencia es el desplome de las tasas de natalidad. Keita informó que la fertilidad ha caído a niveles bajos históricos en diversas partes de la región, un fenómeno que altera profundamente la estructura etaria de las sociedades. Como consecuencia directa de esta tendencia, se proyecta un envejecimiento acelerado de la población: para el año 2050, se estima que una de cada cuatro personas en la región tendrá 60 años o más.
Además de la transición etaria, la conferencia puso sobre la mesa otros factores externos que están transformando las comunidades. La Directora de la UNFPA mencionó que la migración, los efectos del cambio climático y los desplazamientos forzados están redibujando la geografía humana de la región, obligando a las instituciones a adaptarse a nuevas realidades sociales y territoriales.
En el ámbito social y de género, se denunció la persistencia de desigualdades estructurales. Keita señaló que las mujeres continúan siendo las principales responsables de las tareas de cuidado, una carga que limita su desarrollo en otras áreas. Paralelamente, se destacó la vulnerabilidad de la población joven, indicando que millones de jóvenes en América Latina y el Caribe luchan actualmente por encontrar un empleo decente, lo que pone en riesgo la estabilidad económica futura de la zona.
La Conferencia subrayó que estos cambios demográficos ya están impactando de manera tangible en la conformación de las familias y en la operatividad de los sistemas de salud. Ante este escenario, la Directora del Fondo de la Población de Naciones Unidas hizo un llamado a cambiar la perspectiva con la que se analiza la demografía. Insistió en que la población no debe entenderse simplemente como una serie de cifras o estadísticas, sino como un conjunto de personas con derechos y aspiraciones propias.
En este sentido, Keita fue enfática al afirmar que las personas no representan un problema demográfico que deba ser resuelto, sino que constituyen el poder sobre el cual se debe construir el futuro. Bajo esta premisa, se introdujo el concepto de "resiliencia demográfica", definida como la capacidad de los Estados y las instituciones para anticipar los cambios de población, adaptar sus estructuras y proteger los derechos fundamentales.
El objetivo final de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional es lograr que la transformación demográfica sea vista como una oportunidad y no como una crisis. Para ello, se busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional, asegurando que la transición hacia sociedades más envejecidas y diversas se realice bajo un marco de equidad y respeto a los derechos humanos, manteniendo firme el compromiso de no retroceder en los avances alcanzados hace trece años.
