El proceso judicial contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, ha sufrido un giro significativo tras la decisión del Tribunal de Apelaciones Penal de 2do Turno. El organismo resolvió, por mayoría, que un audio que durante casi cuatro años fue considerado una de las piezas más comprometedoras del caso no podrá ser reproducido durante el juicio. Con esta medida, el Tribunal revocó la decisión previa de la jueza Diovanet Olivera, quien había admitido la grabación durante la audiencia de control de acusación.
Esta resolución representa un impacto directo para la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por Sandra Fleitas. La acusación pretendía utilizar este registro sonoro para acreditar que Carrera tenía pleno conocimiento y había intervenido personalmente en la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, así como en la entrega mensual de tickets de alimentación a su familia.
Víctor Hernández es el civil que quedó parapléjico en noviembre de 2012 tras recibir un disparo en La Paloma, hecho ocurrido durante una fiesta en la casa de un policía frente a su vivienda. Hernández permaneció internado en el Hospital Policial por más de tres años y recibió tickets de alimentación, a pesar de no ser funcionario policial ni familiar de uno. Estas prestaciones irregulares constituyen el núcleo de la acusación contra el exjerarca.
La defensa de Carrera, integrada por los abogados Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, había solicitado la exclusión del material alegando que la conversación fue grabada de manera clandestina. Argumentaron que su incorporación vulneraba derechos fundamentales del acusado, específicamente la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, además de cuestionar la fiabilidad técnica del archivo. Asimismo, señalaron que el propio Ministerio del Interior se había opuesto a incluir este audio en un juicio civil iniciado por la familia Hernández en 2016, basándose en dudas sobre su autoría, fecha y certeza.
La mayoría del Tribunal, conformada por los ministros Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu, acogió estos argumentos. Por el contrario, el ministro Daniel Tapié votó en discordia, sosteniendo que la prueba debía ser incorporada al proceso. El fallo de segunda instancia no solo excluyó el pendrive con la grabación, sino también el informe de Policía Científica que documentaba la extracción del archivo desde el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
La grabación fue realizada con un teléfono celular por Daniel Hernández, hermano de Víctor, durante una reunión en el despacho que Carrera ocupaba en el Ministerio del Interior. En dicho encuentro también participaron la madre de Hernández, el asesor letrado Eduardo Florio y Estela González, entonces directora de Asuntos Internos. Daniel Hernández grabó la sesión sin el conocimiento ni la autorización de los presentes. El audio, que supera la hora de duración, fue difundido parcialmente por Canal 4 en agosto de 2022.
En los fragmentos difundidos, se escuchaba a Carrera reconocer la asistencia brindada a la familia. Según la Fiscalía, el imputado admitía que dicha situación “no es acorde a derecho” y pedía reserva sobre la internación de los hermanos Hernández para evitar que se hablara del Hospital Policial. En el registro, Carrera sugiere a la madre de la víctima contratar un abogado privado, ante lo cual el hermano ironiza diciendo: "Con los tickets no lo podemos pagar".
Durante la conversación, el entonces jerarca se mostró molesto por los reclamos de Daniel Hernández y sus declaraciones en la prensa. El audio registra frases donde Carrera califica al hermano de la víctima como "desubicado" y "desagradecido", llegando a decirle: "Si estás nervioso, te mando a cagar y no me jodas más". Carrera alegó en el registro que los ayudaba porque no le "gustan las injusticias", aunque aclaró que no tenía obligación legal de hacerlo.
El Tribunal fundamentó la exclusión en dos ejes principales. Primero, determinó que fue una prueba obtenida ilícitamente, ya que, aunque ocurrió en una oficina pública, se trató de un encuentro cerrado donde se vulneró la reserva de las comunicaciones y el derecho a la no autoincriminación. Segundo, cuestionó la fiabilidad del archivo, señalando que no existe una pericia sobre el original ni certeza sobre el dispositivo utilizado o posibles modificaciones, dada la circulación de diversas copias antes de ingresar al sistema policial.
A pesar de este revés, el Tribunal confirmó por unanimidad la admisión de un informe sobre los costos y medicamentos suministrados a Hernández, dato clave para determinar el perjuicio económico a la administración. Además, la sentencia no excluye la declaración de Daniel Hernández como testigo, quien podrá relatar lo vivido en aquella reunión.
Charles Carrera enfrenta cargos por fraude y utilización indebida de información privilegiada. La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables.
