En una decisión que marca un cambio en las costumbres administrativas del Congreso, Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, ha determinado poner fin a la tradicional compra de pines de oro para los diputados y diputadas de la República. Esta medida cuenta con el respaldo de los otros 30 legisladores pertenecientes al Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La resolución se centra en el distintivo que identifica a los miembros del cuerpo legislativo, el cual, según se ha detallado, ha sido históricamente un artículo fino y de alto costo. De acuerdo con la tradición institucional, cada vez que se iniciaba un nuevo periodo legislativo, se procedía a la entrega de un pin de oro a cada uno de los representantes.
Para dimensionar el gasto que implicaba esta práctica, es necesario revisar los registros de compras anteriores. En marzo del año 2022, la Asamblea Legislativa realizó la última adquisición de este tipo de distintivos, optando en aquel momento por pines de oro macizo de 14 quilates. El costo unitario de cada una de estas piezas fue de ¢182.000.
Sin embargo, los costos se habían incrementado para el periodo actual. Yara Jiménez informó que, de haberse mantenido la tradición, cada pin tendría un costo de ¢300.000 por unidad. Al multiplicar esta cifra por los 57 legisladores que integran la Asamblea, el gasto total para el Estado costarricense habría ascendido a una suma aproximada de ¢17.100.000.
Esta práctica de adquirir joyas costosas como distintivos institucionales no fue exclusiva de una sola administración. Según se indicó, el gasto se mantuvo durante diversas gestiones pasadas lideradas por partidos como el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Acción Ciudadana (PAC). A lo largo de los años, esto representó un egreso de cientos de millones de colones cargados directamente al presupuesto de la institución.
Ante este escenario, la presidenta de la Asamblea Legislativa decidió detener el proceso de compra. A partir de ahora, los legisladores recibirán un distintivo que, en palabras de Jiménez, está mucho más ajustado a la realidad económica y social del país. Los nuevos pines tendrán un costo aproximado de ¢22.000 por unidad, lo que reduce drásticamente la inversión total. Para cubrir la dotación de los 57 legisladores, el Estado ahora pagará un monto total de ¢1.254.000.
La diferencia económica entre la opción de oro y la nueva alternativa es notable, generando un ahorro inmediato en el presupuesto institucional para esta compra específica. Yara Jiménez fue enfática y directa al exponer los motivos que sustentan esta decisión, apelando a la ética en el manejo de los fondos públicos.
“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses y tenemos la obligación de administrarlos con responsabilidad”, aseguró la presidenta del Congreso, subrayando que la gestión del dinero público debe regirse por criterios de prudencia y austeridad.
Asimismo, la funcionaria envió un mensaje crítico hacia aquellos sectores que defienden la adquisición de este tipo de lujos dentro del Poder Legislativo. Jiménez señaló con claridad que no es necesario contar con un pin de oro valorado en ¢300.000 para representar dignamente a la ciudadanía costarricense en el ejercicio de sus funciones.
Esta decisión no ocurre de forma aislada, sino que se enmarca en un contexto económico complejo. El Poder Ejecutivo ha ordenado una serie de recortes presupuestarios dirigidos a los demás poderes de la República y a diversas instituciones del Estado. Estas medidas responden a que el país atraviesa actualmente una situación fiscal complicada que obliga a optimizar cada recurso disponible.
Con esta acción, la presidencia de la Asamblea Legislativa y el Partido Pueblo Soberano buscan alinear los gastos institucionales con la situación financiera del país, eliminando gastos superfluos que no aportan al valor representativo ni a la operatividad legislativa.
