El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha comunicado la decisión de no implementar la Ley 32581, una normativa que buscaba establecer un incremento significativo en las pensiones de los maestros jubilados y cesantes. Esta medida, que había generado expectativas en el sector educativo, se encuentra ahora en un punto muerto debido a que el Poder Ejecutivo considera que la norma es ilegal y representa una amenaza para la estabilidad financiera del país.
La Ley 32581, que fue aprobada por el Congreso anterior, disponía que las pensiones para los docentes jubilados y cesantes debían ser equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, lo que se traduce en un monto de S/3,500,70. A pesar de que la norma fue promulgada en abril de 2026 y aprobada por insistencia por el Parlamento, ignorando las observaciones previas del Ejecutivo, su aplicación efectiva ha quedado suspendida.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, fue tajante al respecto durante una intervención en el programa Cuarto Poder. El ministro afirmó que no existe una manera en la que el Gobierno pueda cumplir con lo aprobado por el legislativo anterior, subrayando que el Tribunal Constitucional ya ha emitido fallos orientados hacia el futuro en materia similar. En consecuencia, Cuba confirmó que la reglamentación de dicha ley, la cual ya se encontraba con el plazo vencido, finalmente no se llevará a cabo.
El argumento central del MEF se basa en la división de poderes y la gestión del erario público. El ministro Cuba explicó que, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el Congreso no posee la facultad de tener iniciativa de gasto, ya que es responsabilidad exclusiva del Gobierno la administración y el manejo del gasto público. Según el funcionario, esta capacidad de gestión es la norma establecida en los países capitalistas y dentro de los mercados, sosteniendo que, en este caso particular, se ha vulnerado la Constitución Política.
Además de los argumentos legales y constitucionales, el Ejecutivo ha advertido sobre los peligros económicos que implicaría la aplicación de esta ley. El ministro señaló que la medida pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y tendría implicancias directas y negativas sobre las cuentas fiscales, así como sobre el funcionamiento general del sistema pensionario. Para el MEF, ejecutar un gasto de esta magnitud sin la debida planificación presupuestaria comprometería la salud financiera del Estado.
Otro punto crítico mencionado por el titular del sector es la falta de equidad que generaría la norma. Cuba señaló que otorgar este beneficio exclusivamente a los maestros jubilados supondría un trato desigual frente a otros trabajadores del sector público. En sus palabras, la aplicación de la Ley 32581 sería injusta respecto al esfuerzo pensionario de otros colegas que laboran o se han jubilado en diversas ramas de la administración pública.
Ante este escenario, el Gobierno ha manifestado que interpondrá todas las acciones legales correspondientes para evitar que la ley se cumpla. Dado que la norma no ha sido reglamentada y que el Ejecutivo considera que es ilegal, se sugiere que el camino a seguir sea la declaración de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que eventualmente conduciría a su derogación definitiva.
El MEF no actúa solo en esta postura; el ministro reveló que el Colegio de Economistas de Lima también está presentando acciones ante las instancias pertinentes con el objetivo de detener la aplicación de esta ley. Esta acción conjunta refuerza la posición del Gobierno, basando su rechazo en criterios estrictamente fiscales y constitucionales.
Finalmente, el ministro Elmer Cuba reiteró que la postura del MEF no es arbitraria, sino que responde a la necesidad de no cumplir con mandatos que considera ilegales y que rompen el criterio fiscal. Asimismo, indicó que permitir la aplicación de esta ley impediría que el gobierno recién ingresado pueda cumplir con sus propias promesas y planes de gestión, los cuales están orientados a otras prioridades presupuestarias.
