La compañía de medios Disney ha decidido acudir a los tribunales federales para defender a sus estaciones de televisión ABC frente a lo que describe como una campaña de presión ejercida por el Gobierno de Donald Trump. A través de una demanda presentada este martes ante el Tribunal de Distrito de Washington, la empresa alega que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), bajo la administración actual, está incurriendo en violaciones directas de los derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
En el documento legal, Disney sostiene que el Gobierno ha emprendido una campaña de represalias contra ABC motivada por una sola razón: el descontento con los contenidos que la cadena transmite. Esta acción legal surge en un contexto de creciente tensión, mientras la FCC mantiene una investigación abierta sobre el programa de entrevistas “The View” y lleva a cabo una impugnación inusual de las licencias de transmisión de las estaciones de ABC.
Es importante precisar que estas estaciones se encuentran bajo la jurisdicción de la FCC debido a que utilizan las ondas de radio públicas para sus emisiones. Dentro de este conflicto destaca la figura de Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado cercano de Donald Trump, quien ha puesto a Disney bajo un escrutinio riguroso en diversos ámbitos. Uno de los puntos centrales de fricción es la implementación de políticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión), ya que Carr ha señalado que Disney podría estar incurriendo en "discriminación ilegal" a través de estas prácticas.
Sin embargo, diversos críticos de Carr argumentan que el enfoque en las políticas de DEI es un pretexto absurdo para encubrir lo que consideran una campaña de presión política coordinada por el presidente Trump. El mandatario ha mantenido durante años una retórica hostil hacia ABC y otras cadenas de noticias, criticando repetidamente a sus periodistas y sugiriendo que sus licencias de transmisión deberían ser revocadas.
Un ejemplo concreto de esta tensión ocurrió en abril pasado, cuando sectores conservadores mostraron su indignación por un chiste realizado por el comediante nocturno de ABC, Jimmy Kimmel. Tras este incidente, Trump presionó directamente a la cadena para que despidiera al presentador. A pesar de que ABC decidió mantener el programa de Kimmel en el aire, Brendan Carr ordenó a la cadena presentar anticipadamente la documentación para renovar las licencias de sus estaciones, a pesar de que ocho de estas licencias no vencían sino hasta dentro de varios años.
Aunque Carr sostuvo que la solicitud anticipada fue una coincidencia y que estaba vinculada a su investigación sobre DEI, la medida fue interpretada ampliamente como una represalia gubernamental por la negativa de ABC a ceder ante las presiones de Trump respecto a Kimmel. Cabe señalar que, aunque ABC cuenta con más de 200 estaciones afiliadas en todo Estados Unidos, la mayoría pertenecen a otras compañías; la FCC ha centrado su ataque específicamente en las ocho estaciones que son propiedad directa de Disney.
La demanda subraya la excepcionalidad de estas medidas, recordando que las licencias de la FCC se renuevan habitualmente cada ocho años y que casi nunca son revocadas. De hecho, la FCC no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas hasta el presente año, lo que sugiere que Carr está utilizando el poder de la agencia con una fuerte carga política.
En cuanto al programa “The View”, Carr ha abierto un caso por una supuesta violación de la regla de “igualdad de tiempo”, una norma que rara vez se ha aplicado en años recientes. Disney afirma que esta presión ya ha tenido un impacto tangible en la programación: el programa se ha vuelto más cauteloso al invitar a candidatos políticos y ha dejado de considerar a varios posibles invitados. Según la demanda, ningún candidato político ha aparecido en el espacio desde el 2 de febrero. Además, ABC ha optado por no transmitir ciertos fragmentos de video que normalmente utilizaría, para evitar que sean contabilizados como "apariciones" y utilizados en su contra durante la revisión de la FCC.
Desde la cúpula de la empresa, el CEO de Disney, Josh D’Amaro, defendió la integridad periodística de ABC en una entrevista con CNBC, asegurando que no permitirán que el Gobierno les indique cómo manejar esa parte de su negocio. Disney afirma que acudió a los tribunales "a regañadientes", argumentando que no existía otra alternativa para detener las amenazas gubernamentales sin capitular completamente ante sus exigencias.
Finalmente, la demanda advierte que este ataque no solo afecta a ABC, sino que busca infundir temor en toda la industria mediática. Según el documento, ABC es el "blanco visible", pero el mensaje está dirigido a todas las emisoras del país, afectando en última instancia a la prensa en su conjunto. Por otro lado, algunos grupos conservadores, como el Center for American Rights representado por Daniel Suhr, han defendido la actuación de Carr, argumentando que no es de interés público que ABC opere como un brazo del Comité Nacional Demócrata.
