Colombia enfrenta una crisis humanitaria tras el impacto de un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado un saldo devastador en diversas regiones del país. Hasta el momento, el reporte oficial indica centenares de personas fallecidas, miles de heridos y la destrucción de más de 12.500 viviendas, transformando el evento en una tragedia de dimensiones nacionales que ha dejado a miles de ciudadanos sin hogar.
El escenario en las zonas afectadas es crítico. Las imágenes reportadas muestran a familias enteras esperando noticias entre los escombros, mientras los equipos de rescatistas trabajan al límite de sus capacidades físicas y mentales para localizar sobrevivientes. La pérdida material ha sido masiva, con personas que vieron desaparecer en cuestión de segundos las casas que construyeron a lo largo de toda una vida.
Ante la magnitud del desastre, ha surgido una ola de solidaridad ciudadana que ha trascendido las barreras ideológicas, regionales y sociales. Se ha documentado la movilización de colombianos que, sin importar sus apellidos o posturas políticas, se han organizado para cocinar para los rescatistas, transportar ayudas humanitarias, realizar donaciones y acompañar la búsqueda de personas desaparecidas. Este comportamiento ha puesto de relieve la capacidad de unidad del país frente a las emergencias, aunque existe el llamado a que este espíritu de apoyo no desaparezca una vez que la noticia deje de ser tendencia en los medios de comunicación.
En el departamento del Huila, la preocupación ha escalado debido a la actividad sísmica persistente. Mientras se procesan las noticias de la tragedia nacional, se registró un nuevo sismo de magnitud 4,2 con epicentro en San José del Palmar. Este movimiento telúrico fue sentido con fuerza en la ciudad de Neiva, lo que obligó a realizar la evacuación preventiva del edificio de la Gobernación del Huila.
Esta situación ha reactivado la memoria histórica de la región, recordando que el Huila es un territorio sísmicamente activo. Se ha evocado el terremoto de 1967, el cual tuvo su epicentro en el departamento y produjo intensidades muy fuertes en la capital, Neiva. Datos del Servicio Geológico Colombiano respaldan esta vulnerabilidad, señalando que en el país se registran aproximadamente 2.500 sismos mensuales, aunque la mayoría resultan imperceptibles para la población.
El desastre ha puesto el foco sobre la responsabilidad administrativa y urbanística en Neiva. A pesar de que Colombia cuenta con normas de construcción sismorresistente, se cuestiona la efectividad de su aplicación real. El problema radica en que la norma escrita no garantiza la seguridad si no existe un cumplimiento riguroso en la expedición de licencias, la ejecución de las obras, la supervisión técnica y una autoridad capaz de frenar la informalidad constructiva.
En Neiva, es evidente el crecimiento informal de las viviendas, donde es común la construcción progresiva de pisos, terrazas y ampliaciones sin el debido soporte técnico. La propia Alcaldía ha reconocido oficialmente la existencia de asentamientos informales con estructuras inadecuadas ubicadas en zonas de riesgo, lo que plantea la interrogante sobre si la ciudad tiene realmente identificada su vulnerabilidad sísmica.
Ante este panorama, se plantea la urgencia de que el Concejo Municipal transforme la preocupación en una agenda concreta de prevención. Las medidas propuestas incluyen la actualización y publicación de un mapa de vulnerabilidad de edificaciones, así como la revisión prioritaria de infraestructuras críticas como colegios, centros de salud, escenarios deportivos y edificios públicos.
Asimismo, se hace necesario identificar las construcciones y ampliaciones que representen un peligro inminente, fortalecer los procesos de inspección y control, definir rutas de evacuación claras, establecer puntos seguros y realizar simulacros basados en la comprensión y no solo en el cumplimiento formal. Finalmente, se insta a equipar adecuadamente a los organismos de socorro y a integrar la gestión del riesgo como un eje central del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La reflexión final apunta a que el progreso de una ciudad no debe medirse únicamente por la inauguración de nuevas obras, sino también por la capacidad de evitar que las existentes colapsen. Se hace un llamado a cambiar la cultura del “eso aguanta” o el “nunca ha pasado nada” por una mentalidad de prevención y orden, entendiendo que, aunque no se puede controlar la naturaleza, sí se puede controlar la preparación para mitigar el impacto de los desastres.
